La Ley de Dependencia establece en seis meses el plazo máximo para resolver una solicitud de ayuda, sin embargo, nueve comunidades autónomas se saltan este mandato generando esperas de más de dos años que suponen, además de perjuicios a distintos niveles, como en la planificación del sistema, "un claro elemento de desigualdad" entre los ciudadanos en función del lugar en el que vivan...
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