Como ha habido cambios legislativos en los delitos de sedición y de malversación de fondos públicos en las últimas semanas, con una reducción de las penas, y algunos de los demandantes han mostrado intención de pedir una revisión de sus condenas ante las jurisdicciones españolas, O'Leary precisó que eso puede influir en cómo y cuándo se tratarían.
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