Según el mandato de la UE el tratado debe "proporcionar el mayor nivel posible de protección jurídica y de garantía para los inversores europeos en los EEUU (y recíprocamente). Es decir, les debe permitir a las empresas privadas denunciar a las legislaciones y reglamentaciones cuando consideren que representan obstáculos para la competencia, para el acceso a los mercados públicos o para la inversión". Una preocupante declaración de intenciones.
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