Las órdenes de detención afectan a 33 militares del rango de primer teniente y tres tenientes, destinados en 18 provincias del país, y entre ellos se hallan nueve antiguos pilotos. Las sospechas se basan en datos según los cuales estos oficiales llamaron desde cabinas de teléfono a personas que supuestamente eran sus superiores en la red jerárquica de la cofradía de Gülen. El Gobierno turco considera la red de Gülen una "organización terrorista", si bien esta niega todo vínculo con la asonada de 2016.
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