Es terreno protegido, público y con un decreto que consagra el acceso de la población. Pero también es una urbanización de lujo y un campo de golf declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es el complejo privado Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) el que decide –y deniega– el paso a las zonas públicas de este suelo de alto valor medioambiental. Mientras, es el Gobierno extremeño de José Antonio Monago (PP) el que defiende al complejo ante los jueces para salvarlo de su demolición.
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