Correos cruzados entre constructores de la AP1 y responsables de Bidegi, que ya están en el Juzgado, muestran la connivencia entre ambas partes y la ausencia del control técnico obligado. En uno de ellos la UTE refleja que los precios y medidas se ajustan en base al presupuesto final. En otro, Bidegi insta a «hablar con los políticos» para fijar la cifra.
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