Un auto demoledor, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Segunda de ese tribunal da por acreditada la alteración y destrucción de pruebas recabadas durante la macrooperación desarrollada por la Policía Nacional e inspectores de Hacienda en un burdel de Valencia en marzo de 2017. Un registro y unos documentos en los que se basó la multa de un millón de euros impuesta al propietario del local Cat Events por supuesta evasión de impuestos.
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