El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el pasado 25 de febrero una sentencia condenatoria contra el Estado español por incumplir la directiva 1999/31/CE que regula el vertido de residuos en una treintena vertederos de 'inertes' (residuos de construcción y demolición) y municipales que no cumplen con la normativa establecida. Una veintena se localizan en Andalucía, cinco en Aragón, dos en País Vasco e Islas Canarias, y uno en la Región de Murcia. A su vez, 18 son vertederos de 'inertes' y 12 de residuos munincipales.
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