La formación ultraderechista instó en abril de 2020 al Gobierno a "suspender" los cambios de custodia de menores para que permanecieran "hasta el término del estado de alarma" con el progenitor con que estuvieran en ese momento. Reclamó también "delimitar los casos" en que se considerase autorizada la prestación del servicio de peluquería a domicilio. Diez días más tarde, impugnó el decreto con el argumento de que vulneraba el derecho a la libertad de circulación y la de residencia y volvió luego a recurrir el segundo estado de alarma.
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