No se trata ya solamente de la privatización de los bienes y servicios públicos, conforme a las políticas Thatcher-Reagan de los ochenta y noventa. Parece tratarse ahora, y no sólo en nuestro país, de la transformación legal del Estado en una empresa privada de modo tal que los gobiernos se integren directamente por los directivos del gran capital, los ceo-representantes.
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