¿Cuestión de formas o de formalismos y formalidades? Lo segundo, más bien: el Gobierno pretende que las familias desahuciadas y en situación de vulnerabilidad que no tengan un techo alternativo se instalen en pisos del banco malo gestionados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y lo hace después de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional al menos seis leyes autonómicas que buscaban ese mismo objetivo: las de Andalucía, Aragón, Canarias, Catalunya, Euskadi y Navarra.
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