Cada año se permite abatir a unos 200 ejemplares, casi el 10% de la población total, pero eso no incluye la acción de los furtivos. Al norte del Duero es legal abatirlos para controlar su población pero el Gobierno ha reiterado su deseo de extender esa posibilidad a todo el territorio. Ecologistas en Acción denuncia que las administraciones han cedido a las presiones de sectores ganaderos y cazadores. Las licencias se han multiplicado por cinco en 20 años para una población que oscila entre los 2.000 y 2.500 miembros.
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