A nivel internacional existe un acuerdo emergente en torno a la idea de que el consumo de drogas es un fenómeno que no puede ser abordado con medidas punitivas. Y la razón es sencilla, aunque no deja de ser controvertida. En Estados de Derecho, de carácter democrático, el derecho penal debería ser la última alternativa para regular el comportamiento de las personas y, de hecho, solo debería ser usado frente a conductas que claramente afecten derechos de terceros.
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