Dentro del Título I de la Constitución española -De los derechos y deberes fundamentales-, en el capítulo III -De los principios rectores de la política social y económica-, el Artículo 40.1 indica: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.”
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