Ser obrero o estudiante con ideas propias en los últimos años de la dictadura franquista tenía un coste. Apoyar unos panfletos, participar en una huelga ilegal, formar parte de un partido, grupo autónomo o de un sindicato clandestino, o simplemente ser amigo o familiar de algún enemigo del Régimen, podía ser motivo suficiente para acabar en la comisaría en manos de la temible Brigada Político Social, la policía política del caudillo, una especie de Gestapo a la española.
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