El jurista, magistrado jubilado del Tribunal Supremo, publica 'La guerra de los jueces: el proceso judicial como arma política' (Catarata), un repaso por la judicialización de la vida política en España. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ya en la época de Roosevelt denunció el activismo judicial, jueces que traspasan su barrera jurisdiccional e intervienen indebidamente en asuntos de evidente matiz político

En España se ha normalizado el lawfare como herramienta política y esto es un peligro para la democracia.

La jefa de Junts, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados al ser investigada por fraccionar presuntamente 18 contratos menores cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha dado el pistoletazo de salida a la sesión con un alegato en el que ha acusado al Estado de 'lawfare' por "ensuciar, con la corrosiva mancha de la corrupción, a los adversarios políticos" en una velada alusión a su causa judicial.

¿Qué necesito yo para montar un caso de Lawfare? Varias cosas a la vez: primero, un aparato judicial reorganizado a mi manera (con 'tecnócratas' vinculados a mí en espacios clave). Luego, elegir al culpable. A continuación, buscar pruebas (y aquí el orden es importante, ojo, primero señalamos al culpable, empezamos por la condena, y después, si aparecen, las pruebas, y si no aparecen, tendremos la condena igual).

De como se ha pasado a subvertir la voluntad del pueblo por medios distintos a los militares en el siglo XXI.

Siguen saliendo a la luz los audios de la conversación entre el director de La Sexta, Antonio García Ferreras y el comisario Villarejo, en una comida en la que también participó el consejero de Atresmedia y presidente del diario 'La Razón', Mauricio Casals. En el fragmento desvelado por 'Crónica Libre' este martes, se escucha al presentador de 'Al Rojo Vivo' atribuyéndose la 'muerte' política del ex fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Que los audios no sorprendan a quienes ya intuimos o sabemos cómo funciona nuestra democracia del “atado y bien atado” no significa que no sean un escándalo digno de la mayor de las denuncias. En cualquier país serio de Europa, una guerra sucia de esta magnitud sería motivo de caída de gobiernos, periodistas o funcionarios públicos. En España, apostamos, tras el escándalo inicial se correrá un tupido velo y todo pasará sin pena ni gloria.

El escándalo ha servido para poner en claro el rol de cierto periodismo que gusta mostrarse como neutral, para mejor contribuir a las operaciones mediáticas del “lawfare”. Es clara la manipulación de la opinión pública a partir del control de los grandes medios.. El “lawfare” en España y en América Latina es un instrumento poderoso de esta verdadera dictadura del gran capital. Barrer con las cloacas mediáticas y judiciales es una necesidad de primer orden para garantizar la soberanía popular y el orden democrático.

Puede que si el juez García Castellón no se hubiese pasado los útimos DOS años tan solo investigando los casos fake en contra de Podemos y los CDR, le hubiese dado tiempo a investigar alguno de los casos contra Iberdrola y sus directivos ANTES de que prescribieran los delitos.

El magistrado concluye que “de las diligencias de investigación practicadas, no consta acreditada la existencia de alguna persona del partido político Podemos, que bien percibiendo remuneración de dicho partido, bien del dinero público, desarrollara dicha actividad”.

El “caso niñera” y todos los demás “casos” cumplen su función política más allá de que se archiven. Sirven para que, durante meses, decenas de “periodistas” machaquen con basura a Podemos en televisión, radio y prensa. El mediafare puede ser aún más eficaz que el lawfare

El “caso niñera” y todos los demás “casos” cumplen su función política más allá de que se archiven. Sirven para que, durante meses, decenas de “periodistas” machaquen con basura a Podemos en televisión, radio y prensa. El mediafare puede ser aún más eficaz que el lawfare.

La derecha, además de distintas asociaciones y colectivos, han buscado llevar a Podemos ante la Justicia con una cascada de querellas y procedimientos

Podemos ha mostrado hoy su absoluto respaldo a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, para quien la Fiscalía reclama una pena de prisión de 12 años por corrupción. Según los morados kirchner es una nueva víctima de lawfare. A ojos de Ione Belarra, secretaria general de Podemos Kirchner es víctima de una persecución que "pone en peligro a la propia democracia". Su antecesor también mostró su "solidaridad y compromiso" con Kirchner "Podemos da la cara por quien la ha dado por nosotros", dijo Pablo Iglesias.

Un documento con las "recomendaciones de la presidenta" de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pide declarar admisible una petición para investigar infundios contra cargos públicos por una supuesta trama de pederastia. Fuentes próximas a Montserrat afirman que el documento lo elabora "el secretariado y con criterios jurídicos, no políticos"

Esta situación de bloqueo viene propiciada por parte del sector conservador. Ocho de sus vocales habían anticipado esta semana su negativa a hablar de nombramientos sin fijar antes unas “reglas del juego”. Esto es, un sistema de elección y votación que pueda generar hipotéticos “consensos”. La razón de fondo, sin embargo, es que están en contra de las reformas que ha aprobado el Gobierno para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018.

Cuando se habla de la utilización de la justicia con fines políticos, siempre hay dónde elegir: Brasil, Ecuador, Argentina... Los casos de lawfare se acumulan en América Latina.

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibió la sentencia del TSJM, este tribunal ha comunicado a Isabel Serra que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse manifestado frente a un desahucio. Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que le impusieron en la sentencia) desde que fue condenada, y le impedirá presentarse en cualquier lista electoral hasta 2025.

"A Isa Serra la machacaron en los medios, la condenaron a prisión y la privaron de presentarte a las elecciones durante cinco años, pero ni siquiera fue por haber participado en una concentración para defender a un vecino de Madrid que iba a ser desahuciado por ser pobre. A Isa la condenó un tribunal especial por ser dirigente de Podemos. La particularidad del caso, al igual que ocurrió con Alberto Rodríguez, es que ha venido a normalizar el uso del montaje policial y judicial sin necesidad de que tenga la más mínima apariencia de verosimilitud