La decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena será anulada con toda probabilidad después del verano, pero resulta un paso significativo en la batalla que la derecha judicial libra contra el poder legítimo del Estado desde hace años. Una lawfare en la que el Partido Judicial –valga la expresión–se ha atribuido el papel de enemigo del independentismo, al observar quizá que el partido político...

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado que la celebración de un referéndum y poner sobre la mesa una ley de amnistía que dé cobertura a todo el mundo, incluso Laura Borràs, son puntos muy importantes de su negociación. Y deja claro que «obviamente» la presidenta del partido, Laura Borràs, «es víctima de la lawfare».

¿Dónde están ahora los titulares sensacionalistas de la caverna mediática, dónde quedan las mentiras periodísticas, los montajes policiales, las retrasos judiciales deliberados, los tertulianos difamadores que han participado en la operación para acabar con Podemos? ¿Es que nadie va a pagar por esta nauseabunda caza de brujas contra la izquierda?

Pero me parece casi indecente que ninguno de los líderes de la nueva izquierda cool se haya dignado a felicitar a Podemos por el archivo de la causa Neurona, que con rumores y argumentos ridículos mantuvo abierta la sospecha judicial de que Podemos se financiaba ilegalmente. Nunca sabremos si la España política de hoy sería la misma de no haber sufrido Podemos tantos bombardeos y desprestigios judiciales infundados. A eso se le llama corromper la democracia, señorías.

“No es solo una campaña contra Podemos, es también contra la democracia”, afirma la portavoz del partido Isa Serra. El juez Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas

Los agentes niegan haber falseado seguimientos y alegan que tres abandonaron una vigilancia clave para dedicarse a citar e interrogar a sindicalistas y funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre la autorización de la manifestación feminista celebrada en los días previos al confinamiento

Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP solicitan la celebración de un pleno extraordinario en el que se apruebe un texto que carga contra el presidente en funciones y afirma que la hipotética amnistía supone la “abolición del Estado de derecho”. El texto afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”.

El otro socialista a pronunciarse sobre esta cuestión, y a redirigir el ataque judicial contra el PP ha sido el diputado del PSOE en el Congreso Óscar Puente, que es, además, miembro de la comisión negociadora de los socialistas para ligar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "¿Tiene algún sentido que el mismo juez que encuentra razones para enlazar Tsunami Democràtic con Puigdemont no haya considerado ni siquiera relacionar a Dolores de Cospedal o Rajoy con el caso Kitchen? ¿Qué queréis que os diga? Para mí no...

La decisión de investigar, en la recta final de la negociación sobre la amnistía del 'procés', a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el marco de la causa por el 'Tsunami Democràtic' enciende las críticas contra este juez, cuya trayectoria está marcada por su afinidad al PP.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos independentistas a un año de prisión, que no tendrán que cumplir, y 400 euros de multa cada uno por supuestamente haber quemado un contenedor durante las protestas contra la inhabilitación del presidente Quim Torra. Alerta Solidaria ha denunciado que durante el juicio aportó imágenes —que aparecen en los atestados policíacos— que demuestran que no se quemó ningún contenedor, ni intervinieron los bomberos, antes de la detención de los condenados. Por ello, el colectivo habla de "contenedor fantasma".

Los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.

Las agrupaciones progresistas y conservadoras de jueces critican la creación de comisiones parlamentarias: "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables".

Los socialistas han aclarado las cuestiones que critican las asociaciones de jueces y fiscales. “El acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de ‘lawfare’”

El expresidente del Gobierno, además, ha explicado el concepto de 'lawfare' y ha pedido seguir avanzando en la desjudicialización de los conflictos políticos.