El fiscal del caso recurre el auto de fin de la investigación de Tsunami Democràtic descartando terrorismo y recordando que dos personas no pueden ser organización criminal: “Aquí no hay grupo ni organización sino un perfil en las redes y postreramente una app para teléfonos móviles”

El fiscal Carballo afirma que García Castellón habría llevado a cabo tergiversaciones, suposiciones y omisión de datos para poder justificar las imputaciones —solicitadas, recordemos, en un momento crucial de la negociación de la Ley de Amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes—, y llega a decir de Tsunami Democràtic que «aquí no hay grupo ni organización sino un perfil en las redes y postreramente una app o aplicación informática para teléfonos móviles».

Afirman que el Parlamento no tiene derecho a revisar las decisiones de los tribunales por no estar entre sus funciones. Ese criterio se podría aplicar también en sentido contrario cuando magistrados han hecho declaraciones públicas de índole claramente política sobre la ideología del Gobierno o las leyes aprobadas por el Parlamento. Un juez reincidente es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que relacionó al PCE y a Podemos con los nazis. El CGPJ no consideró que esas entrevistas fueran motivo de sanción o crítica

Salvador Illa en La Hora de La 1 de TVE sobre el "lawfare" del acuerdo del PSOE con Junts: "Durante el proceso se uso la justicia para frenar un intento de secesión que mi partido político combatió (...) la democracia española es suficientemente solida para poder mostrar magnanimidad"

¿A quién beneficia? ¿Afecta a delitos de terrorismo? ¿Menciona el polémico 'lawfare'? ¿Cómo se justifica? Uno de los aspectos fundamentales de la ley de amnistía, sobre todo para el PSOE, es que el texto reconociera la Constitución y el sistema jurídico español. Aunque parezca una obviedad, a nivel político es de enorme trascendencia, porque supone alejar a los firmantes independentistas de la vía de la unilateralidad.

El juez decano de Sevilla convoca una mani de jueces contra el “laufare”. No es coña.

Repaso de los casos de guerra judicial en España a raíz de la inclusión del término 'lawfare' en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts. Además, hablan del debate electoral entre Sergio Massa y Javier Milei en Argentina. Con la participación de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho

a Comisión Europea no dispone todavía de una evaluación preliminar sobre la ley de amnistía. En contra de las informaciones que han circulado a lo largo de este martes, el portavoz de Úrsula Von der Leyen, Eric Mamer, ha negado que se haya evaluado positivamente la ley de amnistía. "La Comisión no dispone de una evaluación preliminar del proyecto de ley de amnistía presentado por el Parlamento español. La Comisión ha recibido hoy el proyecto de ley de las autoridades españolas y acaba de iniciar su análisis", ha asegurado en su cuenta de X

El portavoz de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, Eric Mamer, ha desmentido que Bruselas haya descartado actuar contra la amnistía de Pedro Sánchez, a raíz de una información publicada por Europa Press, que aseguraba que la Comisión Europea había decidido no intervenir en el proceso de la propuesta de ley de amnistía en España, alegando que no veía colisión alguna con los principios y normas comunitarios.

Para el PSOE hay un sesgo patriarcal de la justicia y un ‘lawfare’ de Schrödinger. Que cuando le viene bien para disputarle el feminismo a su adversaria por la izquierda no existe y cuando está en otra pelea, sí existe. Los conatos fugaces de valentía del PSOE, de los que muy de vez en cuando les da por hacer gala, además de tímidos son, ante todo, selectivos. Desde luego llama la atención que la misma semana que montan el pifostio del siglo haciéndose los revolucionarios con una alusión explícita al ‘lawfare’ que ha operado en el tema catalán

"El Gobierno de Mariano Rajoy usó al Ministerio del Interior, a la Policía y a la Guardia Civil para fabricar pruebas falsas contra Podemos. Esas pruebas falsas fueron puestas en manos de periodistas corruptos para producir centenares de noticias falsas con el objetivo de destruir mi reputación y la de otros dirigentes del partido gracias a horas y horas de difamación en los informativos y en las tertulias de las principales cadenas de radio y televisión, y gracias a ríos de tinta en los grandes periódicos del país."

Es curioso que quienes ahora braman contra una ley, cuyo proyecto recién salió ayer, no lo hicieran contra los corruptos de su propio gremio e incluso los voten de forma sistemática; que no condenen la dictadura franquista y comprendan a quienes desarrollan acciones criminales genocidas en el presente. Pero esta es la realidad en nuestro país. Por el momento lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es un alineamiento político con la estrategia del PP y VOX para entorpecer la investidura de Sánchez