En los últimos dos años alguien ha estado probando las defensas de las compañías que gestionan las piezas clave de Internet.Se trata de ataques precisamente calibrados diseñados a determinar hasta qué medida dichas compañías son capaces de defenderse y qué es lo que hace falta para superar las defensas,según aseguró el experto en seguridad digital Bruce Schneier.En su columna del blog Lawfare,el experto escribe que las empresas que proporcionan la infraestructura básica de Internet han visto recientemente un aumento de los ataques DDoS...

"El MTST y el Pueblo Sin Miedo acaban de ocupar el tríplex, atribuido a Lula por (el juez) Moro . Si es de Lula, el pueblo podrá quedarse. Si no es así, ¿por qué entonces está encarcelado?",

La defensa de Glas tiene la posibilidad de recurrir nuevamente, en esta oportunidad a una instancia de casación de la misma Corte Nacional de Justicia.

Guerra jurídica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una "guerra jurídica" que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos.

Después de un proceso electoral en el que el progresismo representó por primera vez en muchos años una opción política con un potencial electoral robusto y capaz de superar a las élites tradicionales

“La doctrina jurista más vanguardista ha introducido el concepto 'lawfare' y en el presente caso se dan todos los presupuestos de esta teoría jurídica, ‘la guerra jurídica’ como el uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político..la “embestida legal” en su contra es “una clara puesta en marcha de una táctica de ‘guerra no convencional’, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político, en el que se combinan acciones aparen

A través del magnífico trabajo de los periodistas de The Intercept Glenn Greenwald y Victor Pougy, hemos podido descubrir la trama corrupta, y golpista, existente en Brasil mediante la cual una serie de fiscales y jueces comandados por el exjuez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia con Bolsonaro, lograron alterar la realidad política llegando a encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de acusarlo y condenarlo por corrupción.

Echando la vista atrás, Macri fue el primer, y único, candidato de la derecha que pudo ganar por la vía electoral a un gobierno del ciclo progresista. Los demás gobiernos fueron desalojados mediante golpes de Estado (Honduras, 2009) o golpes parlamentarios (Paraguay, 2012, y Brasil, 2016), a los que se le sumó el lawfare, la persecución judicial en Ecuador contra Rafael Correa y Jorge Glas, en Brasil contra Lula, y en la propia Argentina contra Cristina. En Colombia asesinarla [a la disidencia] o desaparecerla sale tan barato como la impunidad.

Complicada situación

Lawfare. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno. Es un intento de ganar en en los tribunales lo que no se logró en las urnas. Es una quiebra de la separación de poderes, donde el poder judicial se extralimita y asume funciones que no le corresponden.

La censura y control sobre la educación pública, plural, democrática e inclusiva es una estrategia que los grupos fascistas han hecho y siguen haciendo en muchos países. Con ello consiguen cuestionar y desprestigiar la educación pública acusándola de adoctrinar; atacar el modelo de escuela pública sembrando la sospecha sobre la labor del profesorado y hacer girar la agenda mediática sobre esto en vez de los verdaderos retos de la educación: reducir el número de alumnado por aula (ratios), la falta de recursos, las plantillas inestables...

Pisarello ha avisado de que esta estrategia, que no es nueva, y que se conoce como "lawfare" (en inglés) o "guerra jurídica", consiste en la "utilización espuria de instrumentos jurídicos, no al servicio del Estado de Derecho y los valores garantistas, sino de la persecución y el asedio ilegítimo de los adversarios políticos", como ya se hizo, según ha señalado, con el procedimiento judicial que "contribuyó a destituir" al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Quién ha filtrado ese informe patético hecho con recortes de la COPE y de OK Diario que ha servido para imputar al delegado del Gobierno, José Manuel Franco? Porque parte de las informaciones falsas de ese informe las han ido colocando la prensa basura, a veces con la ayuda de Televisión Española. Al Delegado del Gobierno se le ha imputado con un informe chapucero, que incluye mentiras, tergiversa declaraciones, pone afirmaciones falsas en boca de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y…

El Gobierno, con seguridad, tuvo que estar, durante al menos unos días, valorando escenarios, calculando costes y eficacia de diferentes estrategias. En un momento dado tomó la decisión de declarar un estado de alarma y acordar un c El Gobierno podía acertar o no, pero el resultado posterior no puede ser el parámetro para deducir una responsabilidad judicial Lo que ha de valorarse no es si la manifestación incrementó los contagios, sino si prohibir ese derecho era exigible jurídicamente, de tal modo que no fuera una opción legítima autorizarla

Esta expresión inglesa, que nace en la década de los 70 a partir de la contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), se ha generalizado a partir de la primera década del siglo XXI en ambientes académicos. Suele emplearse en textos de carácter político para referirse a un golpe de Estado blando, una forma de acceder al poder ilegítimamente sin emplear la violencia pero manipulando a la opinión pública a través de los tribunales.

Y sin embargo, se mueve. En política las percepciones son más importantes que los hechos, no importa si la denuncia está hecha con mala fe, si el juez tiene filias inconfesables o si la desaparición misteriosa de las grabaciones de la testifical en sede judicial y su aparición aún más misteriosa cuando las pide VOX tienen el objetivo de producir indefensión. No importa si esta es una más de la estrategia de lawfare contra este gobierno o si tendrá visos de trascender jurídicamente, lo único que importa en política es cómo salir airoso de una…

La organización está siendo investigada por supuestos delitos de malversacion de caudales públicos Desde Podemos señalan a la actuación judicial como una acción más de lawfare (guerra judicial) contra su partido La formación recuerda distintas querellas contra el partido que, tras copar titulares y telediarios, quedaron archivadas

El “Lawfare” -pantalla legal para el golpismo-, se generaliza en A.L. ¿Sabemos algo de lo que está pasando estos días en #Argentina?, ¿Por qué en España y en la mayoría de Europa, no se cuenta nada de esto? ¿No es noticia una protesta policial inédita con más que posibles consecuencias? Según cuenta ámbito.com desde BsAs, “Durante horas, en el frente de la morada oficial pudo oírse sin detenerse a las sirenas de las patrullas estatales, cánticos, la entonación del Himno Nacional y los estruendos de los fuegos artificiales.”

El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.

al llamarle "ultraderecha policial". Jupol ha denunciado así un comentario publicado en la cuenta oficial de Twitter de Podemos sobre el fichaje del bufete de abogados del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera por parte de Jupol. "La ultraderecha policial ficha al ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para iniciar un lawfare --guerra jurídica o guerra judicial-- contra el Gobierno", escribió en concreto la formación morada.