El juez Ismael Moreno descarta la implicación de las empresas Globalia y Wuakalua en los hechos investigados cuando la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han motivado la apertura de un procedimiento en un juzgado de Madrid. El juez Moreno, que ya rechazó citar a Gómez como testigo, también desestima la declaración de los responsables de ambas firmas

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

Las escuchas del caso Koldo desvelan un nuevo supuesto amaño que salpica al actual presidente de Adif, Ángel Contreras. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una nueva conversación telefónica de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en la que se apunta a una posible maniobra para adjudicar un contrato de emergencia a una mercantil vinculada a la trama.

El organismo judicial analiza la actuación del Ejecutivo de Prohens para dejar que caducase el expediente de reclamación de 2,3 millones de euros y la conversación con Tellado.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil aseguran que el exasesor Koldo García Izaguirre mantenía informado a José Luis Ábalos de "los pormenores" de las actividades de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL, según especifica un informe dirigido al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Además, el dosier policial pone de manifiesto que la toma de decisiones relativas a la contratación de las mascarillas fue llevada "a cabo por elevados niveles de decisión dentro del Ministerio de Transportes".

El movimiento podría arrebatar la causa al tribunal especial, que puede plantear un conflicto de competencias que resolverá el Supremo. Como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados.

El denunciado por prevaricación e investigado por la Fiscalía Europea Javier Ureña, contestó a las preguntas de Mercedes González sobre el contrato de 2.6 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol reclamó y que los populares de Marga Prohens dejaron caducar. El chaval "no sabía lo que firmaba", no distingue entre plazos de 3 u 8 meses, no se entera de lo que sentencia la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo...un auténtico pepero pura cepa.