El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia que establece que cuando un concesión del que es titular una sociedad pública se transmite a otro operador económico independiente de la Administración que lo transmite, constituye el cambio de una condición fundamental del contrato, lo que requiere la convocatoria de una licitación. Esta sentencia afecta directamente a la actual concesión de la AP-9 ya que, como es sabido, el Gobierno concedió dos prórrogas a esta concesión.
