La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha advertido a los ayuntamientos del herrialde que «estén atentos» ante posibles nuevas inmatriculaciones de la Iglesia antes de que se aplique la modificación de la Ley Hipotecaria, pues aún puede inscribir a su nombre bienes e inmuebles.El portavoz de la comisión de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que representa a doscientos municipios de Nafarroa, y alcalde de Agoitz, Unai Lako, ha declarado a Efe que los alcaldes valoran la reforma, que ha llegado «tras 7 años de pelea».

Intelectuales, partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general, tienen que tomar conciencia de la brutal trascendencia económica, política e histórica de esta apropiación inmobiliaria por la jerarquía católica. Nadie sabe exactamente la cuantía ni el valor de los bienes registrados valiéndose de estas inmatriculaciones exprés. Si nadie lo impide, Gallardón los convalidará con su amnistía registral.

Para no levantar polvo ni sospecha, Aznar llevó a cabo una mínima reforma legal que ha permitido la mayor apropiación de bienes por la jerarquía católica en la Historia de España. Casi nadie se dio cuenta. Y cuando seamos conscientes de lo ocurrido, la casa será otra. Y no será nuestra. Esta reforma privilegiada a favor de la Iglesia Católica arrancó en 1998 con un Decreto que apenas modificó un artículo del Reglamento Hipotecario para ampliar los bienes inscribibles a los templos de culto.

La Iglesia inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad dos espacios de uso público en Córdoba: la plaza de la Fuensanta y la plaza del Triunfo de San Rafael.Amparándose en la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia inmatricular bienes sin presentar título de propiedad, el Cabildo Catedralicio inscribió en 1987 la Fuensanta y en 2011 San Rafael.El Ayuntamiento encarga un informe para ver

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, María Teresa García, es la primera jueza de España que ha abierto diligencias para determinar el alcance de las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo en los últimos años por la Iglesia Católica.

El ecónomo de la Diócesis mantuvo una reunión con el área de Patrimonio de la Gerencia en la que se comprometió a "rectificar", según Luis Martín. Lo cuál abre un curioso precedente...

En el año 2006, la Diócesis de Córdoba también inmatriculó bienes en la provincia. Ahora se acaba de conocer que el Obispado es propietario, en Posadas, de varias fincas, entre ellas un local de apenas 19 metros cuadrados localizado en un parque público. Según han confirmado fuentes municipales, el local comercial inmatriculado por la Iglesia en 2006, en el que se localiza la Sociedad de Cazadores de Posadas, fue construido por un particular, que pidió permiso al Ayuntamiento para hacerlo, ya que se levantaba sobre suelo público.

El Obispado de Córdoba ha registrado una serie de iglesias a su nombre una vez que han sido restauradas con dinero de las administraciones públicas.La iglesia de San Agustín, la iglesia de La Compañía, la de San Francisco o la Ermita de Los Santos Mártires son ejemplos de edificios inmatriculados por el Obispado tras recibir inversiones públicas.

La plaza de El Pocito, en el barrio de la Fuensanta, junto con la iglesia y otros elementos del lugar; la ermita de los Santos Mártires, en el Balcón del Guadalquivir; el quiosco adosado a la iglesia de San Hipólito y el Triunfo de San Rafael. Son algunos de los distintos bienes inmatriculados por el Obispado de la Córdoba y que el Ayuntamiento y varios colectivos reclaman que son propiedad del municipio.

Lo que no podíamos imaginar es que precisamente ahora la Iglesia perpetrara el mayor expolio de la historia de España. No obedece a la casualidad que Aznar aprobara en 1998 dos reformas para desmantelar el patrimonio público: una, de la ley de suelo en favor de bancos y promotores; otra, del reglamento hipotecario a favor de la jerarquía católica.El gobierno se niega a facilitar la lista de los miles de bienes usurpados para no abrir la caja de Pandora..que. la Iglesia se someta a la misma transparencia de partidos,sindicatos...

Dar a conocer a los vecinos de Córdoba cuáles son los edificios de propiedad pública que han pasado a engrosar la lista de propiedades inmuebles del obispado cordobés. Ese es el objetivo del paseo que bajo el título Mi reino SÍ es de este mundo ha organizado este domingo 3 de mayo la Plataforma ciudadana en defensa de la titularidad pública de la Mezquita Catedral de Córdoba.

Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. La apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración públic

Es el presidente de la asociación aragonesa Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL), creada en 2008Los estatutos de MHUEL citan entre sus objetivos que los representantes políticos no acudan a actos de confesiones religiosas, la derogación del Concordato, la devolución del patrimonio artístico eclesiástico al pueblo, una ley de eutanasia y la ampliación de la ley del aborto

Redes Cristianas, Comunidades Cristianas Populares, la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, el colectivo en Defensa del Patrimonio de Navarra y Europa Laica denuncian en instancias europeas las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia. "Quedan retratados para la historia los partidos políticos que no han querido apoyar el recurso de inconstitucionalidad, amparados en diversas excusas y permitiendo el mayor expolio patrimonial jamás ocurrido en España".

IU, Podemos, PSOE, Ciudadanos, ICV, ERC y Compromís firman dos preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea. La iniciativa de los colectivos ciudadanos que denuncian el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, particularmente la Mezquita Catedral, ha recibido un gran apoyo de los grupos políticos españoles con representación parlamentaria en la Cámara europea. Así lo han manifestado hoy en una reunión de trabajo celebrada en el Parlamento europeo en Bruselas.

La polémica surgida tras la inmatriculación por parte de la Iglesia de la Mezquita Catedral de Córdoba ha hecho que poco a poco vayan surgiendo trabajos locales sobre los bienes que el Obispado de Córdoba ha puesto a su nombre aprovechando la reforma del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Enrique Alcalá Ortiz, cronista oficial de la Villa de Priego de Córdoba, ha llegado a documentar un total de 26 bienes inmuebles inmatriculados por la Diócesis. Ha localizado un total de nueve iglesias inmatriculadas, un edificio escolar y un hospital.

Desde que saliera a la luz el modus operandi de la Iglesia para hacerse con cientos de bienes, varios han sido los pasos dados desde plataformas ciudadanas que reclaman de la administración una acción contra estas apropiaciones. Peticiones en el Parlamento, en el Congreso y en la UE sólo han dado como fruto la reforma de la Ley Hipotecaria que acaba con el privilegio de la Iglesia para hacer nuevas inmatriculaciones pero dificulta el camino para deshacer las ya existentes. El ejemplo de la Mezquita de Córdoba ha dado la vuelta al mundo.

El pleno del Parlamento ha rechazado una iniciativa de Podemos en la que se proponía pedir a la Junta que reclame la titularidad de los edificios y templos que la Iglesia haya registrado a su nombre en Andalucía desde 1978 si no ha aportado documentos que demuestren que le pertenecían. Este punto, rechazado con la abstención del PSOE y Ciudadanos, el voto a favor de Podemos e IU y en contra del PP...

Para Rodríguez “se trata de la misma actitud que han tenido con la recuperación del patrimonio cultural inmatriculado por la iglesia católica”, en la que el PSOE de Susana Díaz “se ha colocado del lado de los obispos, “El PSOE de Andalucía vota en contra de lo que vota a favor en el País Vasco, en Navarra o en Aragón. El Partido Socialista de Andalucía se ha convertido en un lobby de la banca, de las eléctricas y de los obispos dentro de su propio partido”, explicó Rodríguez.

Sabedor del escándalo que produce, el Gobierno de PP se ha negado reiteradamente a dar más información sobre lo inmatriculado. Ha tenido que ser el Parlamento de Gasteiz el segundo de todo el Estado en conseguir los datos de su territorio, lo cual no puede menos que alegrarnos: Euskal Herria sigue siendo vanguardia en la defensa de lo público y lo comunal.

El cronista oficial de Priego de Córdoba ha realizado una investigación en la que ha hallado hasta 26 bienes que la Iglesia ha inscrito en el Registro de la PropiedadUna ermita con una finca de 6.000 metros cuadrados, un hospital, nueve iglesias, una ermita construida por los vecinos y hasta un antiguo teleclub fueron inscritos por el Obispado a su nombre.

El Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) ha elaborado un informe que relata las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Aragón, algo que consideran inadmisible, desde el punto de vista social, La PNL exigiría al Gobierno de Aragón el personarse en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales o cualesquiera que estén legitimados y cuyo objeto sea la recuperación de los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica.

La acción que hasta ahora llevaban de manera individual las plataformas ciudadanas surgidas en algunos puntos de los territorios del Estado para denunciar las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica toma a partir de ahora un cariz conjunto a nivel estatal

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país, ha anunciado este martes que llevará al Congreso de los Diputados la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declara nula una inmatriculación. El fallo condena al Estado a indemnizar con 600.000 euros a una sociedad que se vio afectada por las inmatriculaciones. La Coordinadora Recuperando solicita la creación de una comisión que restaure "la legalidad conculcada".