La juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, no quiere que se retrase la investigación sobre la trama de ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía y para ello pretende evitar que puedan retrasar el trabajo de la Guardia Civil que ahora lleva a cabo las pesquisas sobre este asunto.

La juez Mercedes Alaya, al final del turno del letrado de la Junta de Andalucía, volvió a tomar la palabra para dirigirse a la imputada: "Su historia es difícil de creer". La dueña del restaurante Río Grande declaró durante más de cuatro horas ante la juez para negar que estuviera al corriente de las irregularidades<. La juez le imputa haber contratado a M.J.R.A. "faltándole menos de tres meses para cumplir los 65 años y ello con la finalidad de incluir fraudulentamente a la misma en el grupo de trabajadores afectados por el ERE".

El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo ha autorizado a la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), acceder a las actas de los Consejos del Gobierno andaluz desde 2001, a lo que se oponía la Junta de Andalucía. El Supremo adopta esta decisión por unanimidad en una sentencia contra la que no cabe recurso y en la que estima improcedente el requerimiento de inhibición de la juez reclamado por la Junta de Andalucía

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ampliado la investigación de las ayudas de la Junta a otras 40 empresas, que percibieron entre los años 2002 y 2010 más de 30 millones de euros, y ha solicitado a la Consejería de Empleo que remita una copia compulsada e íntegra de estos expedientes, que se suman a los 67 que ya investigaba. La Seguridad Social pide a la magistrada que le permita personarse en la causa para defender "el interés general".

Rafael Rodríguez Fuentes, prejubilado con cargo a un ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral (SAL) 'Saldauto', pese a que jamás ha trabajado en ella, ha declarado este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que "no sabe lo que es un ERE" aunque figurase en el comité de empresa, que "no leyó" la póliza de seguro de rentas que firmó para adherirse precisamente a un expediente de regulación de empleo y que la Junta le ha "metido en un ERE que no es el suyo". La juez atribuye a este hombre el cobro de 376.404,54 euros.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos...

C&P: "¿Está conforme con la instrucción del caso que está haciendo la juez? —No conozco la instrucción. Desde el punto de vista mediático, pertenece a este tipo de jueces que quieren mucho la pantalla, eso se nota. Dicen que tiene una relación especial con algún partido político. Pero yo no lo sé."

La investigación de la juez Mercedes Alaya sobre la trama de ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía no ha hecho más que empezar, ya que está aún en el primer escalón. Pero seguirá subiendo escalones que podrían llegar a altos cargos de la Junta de Andalucía. Lo ha dejado muy claro la magistrada en su último auto, dictado la pasada semana, y en el que cita a todas la partes personadas el próximo día 17 para que se pronuncien sobre la imposición de medidas cautelares solicitadas por el fiscal anticorrupción .

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido hoy un comunicado en el que ampara a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, por las críticas realizadas por el candidato socialista al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, ayer durante el turno de preguntas tras pronunciar una conferencia. En la nota, el CGPJ no cita en ningún momento a Alaya y a Guerra. Al exvicepresidente del Gobierno se le preguntó si veía relación entre la actuación de las jueces del caso de los ERE y de la Operación Campeón con ...

La juez Mercedes Alaya ha citado el jueves a todas las partes personadas en el voluminoso sumario para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de imponer fianzas a los intrusos. La Fiscalía pidió que los intrusos de los ERE devolvieran lo cobrado ilícitamente.

C&P: "En apenas 24 horas, el Gobierno andaluz ha dado un viraje radical a su discurso sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta. Con un día de diferencia, el Ejecutivo ha pasado de presentar el nuevo auto de Mercedes Alaya como un espaldarazo a su actuación —«viene a ratificar nuestra línea de máxima colaboración con la investigación», aseguró ufano el pasado martes en una nota remitida a la Prensa—, a abrir un segundo frente judicial contra la magistrada."

Coro Cillán, Mercedes Alaya y Estela San José instruyen escándalos sobre corrupción que desgastan al PSOE.

El Gobierno andaluz sigue sin darle «copia íntegra» de las ayudas del «fondo de reptiles»

La Junta de Andalucía considera que el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya en el que pide a la administración autonómica los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que era responsable de ese departamento el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias viene determinado por la "agenda de manipulación de la justicia" del Partido Popular.

La Junta ha recurrido por "engañosos o confusos" los términos del auto de la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos, en el que pidió las transferencias del llamado "fondo de reptiles" a partir de 2005, cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía. El recurso de aclaración al auto fue presentado el pasado viernes por los servicios jurídicos de la Junta al considerar que los términos en que se solicita determinada información son "engañosos o al menos confusos"

La juez Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades perpetradas en la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, durante la gestión desplegada por los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, ha señalado que 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', adjudicataria de los suelos del mercado mediante un concurso sometido a estas diligencias, "abonó" a esta sociedad mixta 987.000 euros para "financiar el plan de prejubilación" del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la propia empresa.

La justicia sigue su calendario, y la magistrada que investiga la trama de prejubilaciones fraudulentas con cargo al Presupuesto autonómico ha demostrado que no se deja influir por las citas electorales.

"Estamos personados en la causa, presentamos denuncias porque pensamos que es una manera de estafar a los trabajadores, y tenemos que ir en contra de todo el que esté implicado, y presuntamente hay más de un cargo político. ¿Habrá mas? Si la juez Alaya sigue aquí y la dejan trabajar aparecerá todo, pero es insufrible, insostenible y horroroso que presuntamente y según dicen los medios de comunicación en zonas mineras sean beneficiarios de un ERE muchos que ni siquiera han sido mineros"

La juez de Sevilla que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos ha pedido a dos juzgados de Andújar (Jaén) que se inhiban en la causa del chófer del ex director general de Empleo Francisco Guerrero, quien ha declarado que con el dinero percibido compró cocaína y fue a bares y fiestas. La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido asumir esta investigación de los juzgados de Andújar, abierta desde 2010 por denuncia de la Agencia Tributaria, porque entiende que tiene relación con el caso de los EREs falsos

"Hubo demasiadas coincidencias entre los autos y las elecciones, y espero que ahora esto no ocurra", ha dicho en una rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz. Díaz ha replicado en estos términos a Arenas, quien cree que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció ayer la fecha de las elecciones andaluzas para que "no se hable del caso de los ERE y la cocaína".

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha admitido a trámite una querella por prevaricación contra el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, un director general y dos funcionarios. Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que esta denuncia penal fue presentada en el juzgado de guardia y, por reparto, ha recaído en el juzgado de instrucción 6, el mismo que investiga las irregularidades en los ERE de Mercasevilla y de otras empresas, así como las ayudas sociolaborales de la Junta.

El abogado del denunciante, Francisco Canela, ha informado a Europa Press de que ha solicitado que se investigue la participación de más policías en los hechos, ya que entiende que la actuación debe ir dirigida contra todos los agentes que, en el momento de los hechos, se encontraban en los calabozos. "Unos participaron directamente y otros no hicieron nada por evitar los hechos", ha aclarado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso.

La magistrada refleja en un auto, de 17 de enero pasado, que, existen suficientes indicios de que Fernández “pretendió [lucrarse], pero finalmente no se consiguió, bien por presiones, bien por el devenir de los acontecimientos”. Alaya recuerda que el exconsejero, cuando dirigía la Consejería de Empleo, se incluyó en el ERE de González Byass, empresa en la que trabajó hasta 1983, antes de entrar en política, y que sólo renunció a las “altísimas rentas” [386.000 euros] que iba a percibir mensualmente hasta 2021 después de que saltara el escandalo

El Gobierno andaluz ha negado este miércoles que esté "obstaculizando" la investigación que promueve la juez Mercedes Alaya sobre la supuesta trama de los ERE y ha defendido que está remitiendo la información solicitada "con la mayor diligencia posible" y en "las mejores condiciones posibles".