Contra los fondos buitre. La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva normativa de las VPO que modifica un decreto de 2006. El Gobierno de Susana Díaz intenta blindar este tipo de viviendas del capital privado. “Se trata de garantizar la función social”, anunció el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco.

Es frecuente toparse con gente que afirma que Franco creó la Seguridad Social, que metió a España en la ONU, que creó las Viviendas de Protección Oficial... En este hilo de La Mesa de Memoria Histórica del distrito de La Latina, el politólogo Álvaro Pla explica que la Seguridad Social se creó legalmente en 1883, que las primeras Viviendas de Protección oficial son de 1911... y desmiente, con datos contrastables, algunas otras falsedades que se han ido expandiendo a lo largo de los años.

Comprar viviendas protegidas o VPO empieza a dar buenos rendimientos a los fondos oportunistas que adquirieron este tipos de activos de carácter público a las administraciones locales y regionales. Goldman Sachs, que en 2013 pagó 201 millones de euros a la Comunidad de Madrid para hacerse con 32 promociones de pisos para personas con recursos limitados, se ha distribuido tres dividendos mediante la devolución de la prima de emisión que abonó en el momento de la adquisición al Gobierno presidido en aquel entonces por Ignacio González.

El abuso en la aplicación del IRPH en el caso de la vivienda protegida está blindado por el decreto que establece cada plan de vivienda, el cual regula la actualización anual del tipo aplicable basándose en este índice. Esto limita enormemente las posibilidades de recurrir en vía judicial, puesto que no sería litigar contra el banco, sino contra un decreto, en la actualidad con escasas posibilidades de salir adelante en la vía contenciosa.

El PSOE apuesta por el suelo público para bajar los precios y el PP, por aumentar la construcción al ritmo de la demanda. El modelo de viviendas de protección oficial (VPO) no es una solución al problema actual del acceso a la vivienda porque, décadas después de que se inauguraran las primeras promociones, el resultado es que las viviendas han pasado de manos públicas a ser propiedad de los ciudadanos y hoy no hay ni viviendas disponibles ni las condiciones laborales y económicas permiten la compra de casas.

El Tribunal de Cuentas determina que el deterioro del patrimonio de la EMVS fue responsabilidad exclusiva de Ana Botella. La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros siete ex altos cargos de aquella administración, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas por malvender miles de viviendas protegidas a un fondo buitre en octubre de 2013. Según el órgano auditor, este proceso de venta revela que los problemas financieros de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo no se debieron a la crisis financiera sino a la mala gestión.

El pasado 21 de diciembre la Fiscalía de Madrid daba un giro en la venta de viviendas públicas del IVIMA a Goldman Sachs. El Ministerio Público reclamaba el archivo de la causa. Y los afectados de esta operación han salido a la calle para protestar por este cambio de criterio. "La Comunidad Madrid han preferido proteger y posicionarse con las empresas de los fondos buitres al afirmar que la venta de VPO se produjo legalmente”. Falta de colaboración de la Comunidad de Madrid al bloquear “la entrega de informes o la cesión de peritos”.

El pasado mes de noviembre, Colau llevó al pleno del ayuntamiento un documento titulado 'Por un nuevo impulso al distrito 22@', que quiere paralizar la mitad del proyecto que todavía no ha sido desarrollado. En el texto se habla de “un nuevo modelo de gobernanza basado en el liderazgo público”, de la creación de un “observatorio” y de “fomentar la economía colaborativa” . Se quiere cambiar el 'mix' actual 90% oficinas 10% vivienda para llegar al 30% para el residencial y que sea solo vivienda protegida.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar incialmente el Plan Parcial de la Solana de Valdebebas, un desarrollo pegado al campo de golf de La Moraleja

Parla, al sur de Madrid, tiene la cuarta mayor tasa de hijos por mujer de España gracias a los inmigrantes, pero también a familias de origen español beneficiadas con vivienda protegida

Adquirieron viviendas de protección oficial (VPO) bajo requisitos como un máximo de ingresos familiares o no tener otra vivienda en propiedad y con una opción de compra. Sin embargo, su nuevo propietario, el fondo buitre Blackstone, les reclama subidas que alcanzarían casi el 100% en cuatro años. Cientos de estos vecinos de Torrejón y los PAU de Vallecas y Carabanchel han decidido plantarse y no aceptar las subidas, tratando de forzar al fondo buitre estadounidense a sentarse a negociar.

Desde 2013 el número de viviendas sociales en España no ha dejado de caer. De las casi 100.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que había en 1996 apenas quedan 8.000. Esta desaparición de las VPOs tiene una relación directa con la subida de los alquileres, algo que no pasa en países como Holanda, Reino Unido o Austria donde los precios del alquiler están más o menos regulados.Ahora quienes consiguieron una VPO hace más de una década ven como la venta de suelo público a fondos buitre se está viendo reflejada en el aumento de sus rentas.

El alcalde de Madrid defendió que no se "derrocharía dinero público de los madrileños" con el recurso por "venganzas estériles". El Gobierno de PP y Ciudadanos despidió dos semanas antes de contratar al despacho a la letrada de la EMVS que preparaba el recurso. Almeida renuncia a reclamar ante el Supremo 25 millones por la venta de pisos a fondos buitre para ahorrarse un procurador

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que esta entidad vicenciana cobra alquileres de 96 viviendas construidas durante el franquismo, que fueron financiadas por el Estado para dotar de vivienda en propiedad a las familias adjudicatarias. Cuando fallecieron los beneficiarios, se dedicaron a realquilarlas a otras familias necesitadas en condiciones ruinosas, percibiendo subvenciones y donaciones que no han sido declaradas. Ninguno de los ingresos que percibe por estos alquileres constan en ningún registro público.

El Govern balear, a través de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, ha impuesto un total de 86 sanciones por infracciones en materia de vivienda por un valor de 1,7 millones de euros en 2019. La mayoría de casos son por no vivir habitualmente en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) que una persona tiene en propiedad y por no inscribir en el registro las viviendas vacías de los grandes tenedores. Llama la atención algún caso como el de una VPO cuyo propietario alquilaba por 3.000 euros mensuales.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas públicas por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora, en 2013. En diciembre pasado, el Supremo inadmitió los recursos de casación interpuestos por la Comunidad y Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló esa operación, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

La localidad alcarreña volverá a vivir un intento de desahucio mientras la propiedad del inmueble se dirime en los tribunales. Esta vez, al igual que la anterior, la SSVP convoca una concentración en el portal para apoyar a la comitiva judicial mientras que desde la PAH aseguran que estarán en el mismo lugar desde la noche anterior al alzamiento de la vivienda. Desde la PAH denuncian que este tipo de concentraciones han sido utilizadas por la Subdelegación del Gobierno para así prohibir la que tenía convocada la PAH a las puertas del desahucio.