Alberto González Amador, empresario que reconoció dos delitos fiscales por un monto de 350.000 euros en sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021, estaba dispuesto a reparar el daño cometido mediante el pago de la cantidad defraudada más los intereses de demoras (4,025% en dos ejercicios). Con el desembolso de una cantidad superior a los 380.000 euros pretendía rebajar la pena correspondiente (de uno a cinco años por cada delito fiscal) en uno o dos grados de manera que evitara entrar en la cárcel.

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, argumenta en la querella que ha presentado contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de asuntos económicos que se revelaron datos suyos “como instrumento para alcanzar al perjudicado último”, que es Isabel Díaz Ayuso, con el fin de buscar “réditos” que son “políticos”.

Entre Alberto González Amador y Fernando Camino se ha tejido con los años una red a base de sociedades compartidas, compraventa de empresas y negocios muy lucrativos para ambos

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

Así lo han comunicado fuentes del Ejecutivo del PP de la Comunidad de Madrid a El Independiente. Las mismas aseguran que la Fiscalía podría cancelar el juicio a González Amador si se acepta el acuerdo propuesto por el investigado: un pago de 340.000 euros. "Si la Fiscalía niega el acuerdo será por causas políticas, no técnicas", indican las mismas fuentes. Esto dejaría a González Amador con un saldo positivo, añaden: "El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros"

'¿Novio de Ayuso? Yo me llamo Tipo de Incógnito”: despiporre con la pareja de Ayuso con peluca y escondiéndose en el juzgado

La investigación de elDiario.es ha revelado que González Amador recibió como intermediario el 4,5% de los 42 millones de euros que una firma catalana vendió a Mape, una empresa de Pontevedra que administra un directivo de Quirón amigo de la pareja de Ayuso. La incógnita es saber qué empresas o administraciones acabaron pagando el sobrecoste en el material sanitario comprado a Mape

Cuando elDiario.es adelantó en exclusiva el fraude de la pareja de la presidenta madrileña, el pasado 12 de marzo, un mes y diez días después de la confesión de González Amador, Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una operación de propaganda en la que no solo negaban los delitos sino que atribuían la inspección de Hacienda a una maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso llegó a decir que era una campaña en la que estaban implicados todos los poderes del Estado

Según Bergerot, en el recurso presentado por González Amador ante la Audiencia Provincial de Madrid, la pareja de Ayuso exige el pago de una fianza de 500.000 euros a la formación política para que puedan ejercer la acusación popular en el caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental.