Un documento con las "recomendaciones de la presidenta" de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pide declarar admisible una petición para investigar infundios contra cargos públicos por una supuesta trama de pederastia. Fuentes próximas a Montserrat afirman que el documento lo elabora "el secretariado y con criterios jurídicos, no políticos"

Esta situación de bloqueo viene propiciada por parte del sector conservador. Ocho de sus vocales habían anticipado esta semana su negativa a hablar de nombramientos sin fijar antes unas “reglas del juego”. Esto es, un sistema de elección y votación que pueda generar hipotéticos “consensos”. La razón de fondo, sin embargo, es que están en contra de las reformas que ha aprobado el Gobierno para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018.

Cuando se habla de la utilización de la justicia con fines políticos, siempre hay dónde elegir: Brasil, Ecuador, Argentina... Los casos de lawfare se acumulan en América Latina.

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibió la sentencia del TSJM, este tribunal ha comunicado a Isabel Serra que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse manifestado frente a un desahucio. Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que le impusieron en la sentencia) desde que fue condenada, y le impedirá presentarse en cualquier lista electoral hasta 2025.

"A Isa Serra la machacaron en los medios, la condenaron a prisión y la privaron de presentarte a las elecciones durante cinco años, pero ni siquiera fue por haber participado en una concentración para defender a un vecino de Madrid que iba a ser desahuciado por ser pobre. A Isa la condenó un tribunal especial por ser dirigente de Podemos. La particularidad del caso, al igual que ocurrió con Alberto Rodríguez, es que ha venido a normalizar el uso del montaje policial y judicial sin necesidad de que tenga la más mínima apariencia de verosimilitud

En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a 19 meses de prisión a Isa Serra por un delito de atentado a la autoridad y lesiones durante un desahucio en 2014. Este miércoles, dos años y medio después, el mismo jurado notificaba a la coportavoz de Podemos que su condena comenzaba a ejecutarse ahora, lo que la inhabilita a presentarse en ninguna lista electoral hasta 2025. Esta condena es un ejemplo más del lawfare actuando contra políticos progresistas.

El Gobierno no quiere que el relato del PP respecto al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acabe imponiéndose, como ha tratado en Bruselas el eurodiputado Esteban González Pons. Por eso el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha entregado al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, un documento que incluye las “19 excusas” que ha puesto el principal partido de la oposición para negarse a renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se acerca a los cuatro años con su mandato caducado.

No se muerden la lengua. Pablo Iglesias y Pablo Fernández sobre el juez García Castellón.

I El despliegue de agencias de Estados Unidos para influir y controlar a jueces y fiscales en América Latina: La última semana de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de Mendoza el “Taller de Investigación y Persecución de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio”. En ese ámbito, de apariencia académica, se congregaron fiscales provinciales... La intrusión judicial es el modelo operativo más utilizado en las dos últimas décadas y viene acompañado de apéndices mediáticos modelados por las grandes usinas de comunicación.. .

Pablo Iglesias: Partido Judicial contra la democracia. Fuerza @CFKArgentina

Hace apenas unos días la vicepresidenta Cristina Kirchner reiteró que la sentencia ya está escrita. E insistió en su inocencia en el expediente donde es juzgada por supuestos hechos de corrupción en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015.

Tomás Casas: Qué vergüenza que en el Canal 24 Horas estén entrevistando a un señor que está contando fake news sobre Pedro Castillo y dejándolo como si fuera un criminal, cuando se trata de un político víctima de lawfare de la extrema derecha en el Perú.

Marco Teruggi nos explica qué está pasando en Argentina y cómo los macristas están detrás del lawfare de Cristina Fernández de Kirchner.

Cuatro acusaciones judiciales, que implicaban en total más de una decena de delitos, portadas y grandes titulares. Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de Sevilla (2007-2011), fue durante un tiempo en Sevilla objetivo público número uno de la derecha. Años después, todas, las cuatro acusaciones (los casos Sevilla Global, Fundación deSevilla, Mercasevilla y Fitonovo hace unos días) han quedado en nada.

El pasado martes Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A pesar de que en el año 2019 se llegó a la etapa de juicio oral, no hubo a lo largo de los años una pericia contable para determinar si se pagó de más. Tampoco existió constatación de que las obras no se hubieran hecho; no hubo declaraciones testimoniales que indicaran que se hubieran recibido órdenes para que Austral Construcciones fuera la ganadora de las licitaciones. No hubo registros de mails, llamad

Pablo Iglesias: "La trama que une a millonarios, jueces, empresarios mediáticos, periodistas y políticos de derechas en su cruzada contra CFK, representa uno de los paradigmas más completos para entender como funciona el lawfare"

Siguen las protestas en el Perú por el adelanto de elecciones y cierre del Congreso. En el séptimo día de marchas regionales, se han reportado nueve muertes en Apurímac, Arequipa, La Libertad y Ayacucho tras los enfrentamientos entre civiles y efectivos de la Policía Nacional en 13 de los 24 departamentos del Perú. (...) Se registran más de 10 heridos tras los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte.

“Tienen ustedes una relación muy tormentosa con la verdad. Es rigurosamente falso lo que dice, la Comisión no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el auto del TC”, le ha replicado el ministro, antes de volver a responsabilizar al PP de haber “tensionado hasta el límite” al tribunal, afectando incluso a su “reputación”, con un recurso que ha tenido unos efectos sin precedentes en los 44 años de democracia en España ni tampoco en ningún otro país europeo. Así se ha pronunciado Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Congreso...

Las tácticas de cambio de régimen en América Latina han cambiado, desde aquellas sangrientas invasiones y golpes de Estado el Norte Global ha migrado a un espectro de métodos de golpes blandos entre los cuales se inscribe el llamado lawfare. Según citan Camila Vollenweider y Silvina Romano, se trata de "un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar". De manera similar es descrito en "Unrestricted Warfare" (Guerra irrestricta), un libro de 1999 sobre estrategia militar.

Entre el Estado de Derecho y la ley de la selva hay una zona intermedia a la que ahora llamamos "lawfare". El lawfare, o utilización de forzadas excusas jurídicas para lograr objetivos políticos que de ninguna manera están amparados por la ley, respeta formalmente el presupuesto del Estado de Derecho pero lo vulnera materialmente porque en las decisiones adoptadas el núcleo, norte y finalidad es un interés político, y el Derecho no es más que un obstáculo a salvar o un ropaje, una apariencia.