La alarma que ha asaltado a los usuarios y a los profesionales de internet está plenamente justificada. La Ley de Economía Sostenible, que no va a sostener nada según los especialistas y toda la oposición parlamentaria, amenaza con introducir la censura gubernamental por la puerta de atrás. El artículo 20.5 dispone que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».