La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que inadmita la recusación interpuesta por varios líderes independentistas encarcelados contra Manuel Marchena tras su renuncia a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Público, como en recusaciones anteriores, entiende que no hay motivos para apartar al magistrado de la sala que enjuiciará el procés.

Manuel Marchena no ha renunciado a nada. No hay nada en su conducta en este asunto que guarde relación alguna con el concepto de dignidad. Ha sido el senador Cosidó el que lo ha inhabilitado al hacerse público su WhatsApp. Su “imparcialidad” se ha visto comprometida de manera insoslayable. Esta es la razón por la que no puede mantenerse como presidente del Tribunal que va a conocer de la conducta de los exconsejeros del Govern y otros políticos nacionalistas. Debería abrirse una investigación en el Congreso de los Diputados y en el Senado

Varios acusados han pedido al Tribunal Supremo que aparte de la causa a los siete jueces encargados de juzgar el procés en las próximas semanas, aportando entre otras cosas el mensaje de WhatsApp que el senador Ignacio Cosidó envió a más de 140 miembros del PP de la cámara alta afirmando que el reparto del sillones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les permitiría controlar la sala segunda "desde detrás".

La AJFD y FJI proponen elecciones en las que cada juez sólo pueda votar por cinco o seis candidatos, respectivamente, con el objetivo de garantizar en el Poder Judicial la presencia de todas las corrientes de opinión. Mientras la Francisco de Vitoria propone que entre los doce vocales tenga que haber al menos dos magistrados del Supremo y un juez, Foro Judicial Independiente rechaza establecer cuotas..

El PP apoya las enmiendas presentadas por Ciudadanos para que sean los jueces los que elijan la mayoría de sus representantes en los órganos de gobierno del Poder Judicial. El cambio no es definitivo porque la ley tiene que volver al Congreso y volver a ser negociada y votada. Se propone que de los 20 vocales del CGPJ, la mayoría (12) sean jueces elegidos por los propios jueces y el resto (8) sean designados por las Cortes Generales, es decir, por el Congreso de los Diputados y el Senado.

"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores",dice el escrito. Consideran que el CGPJ "no puede permanecer ajeno a este despropósito" y apelan así a "su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información". La APM inicia también una recogida de firmas a través de otro manifiesto "para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas..

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy la siguiente declaración en respuesta al escrito registrado por representantes de los medios de comunicación en relación con la medida acordada esta semana con el juez del llamado “caso Cursach”: “Ante la comunicación remitida por un conjunto de profesionales de medios de comunicación, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial MANIFIESTA:

Hace ya mucho tiempo que la verdadera fuente del Derecho Penal en este país es la Sala 2ª del Tribunal Supremo,y la ley escrita no es más que una piedra en el camino,que puede ser rodeada.La mayoría de los operadores jurídicos se olvidan del texto del Código, por claro que éste sea,y están a lo que diga el oráculo de la Plaza de la Villa de París.Que puede ser perfectamente un atentado al sentido común.Y de ahí la tremenda importancia de tener atada y bien atada la composición del Consejo General del Poder Judicial,que es quien va a nombrar a..

Muchas veces se hacen afirmaciones apresuradas cuando se discute la LIVG. ¿Es un delito agravado o un delito de autor? ¿Se tiene en cuenta algún "ánimo machista" al aplicar la ley? ¿Cuáles son las críticas que le ha hecho el CGPJ?

La PCIJ insta al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los vocales del CGPJ por el Parlamento,para que los 12 vocales jueces sean elegidos por los 5.500 componentes de la carrera judicial bajo la máxima “un juez,un voto”,para acabar con la politización del órgano de gobierno de los jueces; advierte del grave riesgo que para la separación de poderes entraña régimen jurídico actualmente vigente, pues entrega a la política la totalidad del gobierno del Poder Judicial. No sólo ha redundado..

El Partido Nacionalista Vasco, tras negociar con el PP, ha decidido no apoyar las enmiendas aprobadas en el Senado por las formaciones de Casado y Rivera. Las enmiendas introducidas en la Cámara Alta planteaban un cambio en el sistema de elección de vocales del CGPJ, dejando en manos de los jueces la decisión sobre 12 de los 20 nombramientos. La negativa del PNV convierte en papel mojado las enmiendas que PP y Ciudadanos sí consiguieron aprobar en el Senado, en donde el reparto de escaños les resulta beneficioso para tomar decisiones sin necesi

Debemos preguntarnos es si la mejor solución a estos problemas es pasar de un sistema de elección parlamentaria a uno de tipo corporativo y si somos conscientes de todas las implicaciones de este cambio.La tesis de este artículo es que podría ser deseable mantener la elección parlamentaria y modificar únicamente el sistema de votación respecto de los vocales y el nivel de transparencia en los nombramientos judiciales. Razones:1.Trascendencia constitucional 2.Checks and balances 3.¿Dónde ubicar contrapeso 4.Pluralismo 5.GRECO 6.Peligros elección

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el precepto legal que sirvió de base al Consejo General del Poder Judicial para declarar al magistrado Santiago Vidal no apto para reingresar en el servicio activo una vez cumplida la sanción de suspensión que le fue impuesta por haber participado en la redacción una 'constitución' para Cataluña. Vidal, exsenador de ERC, tiene en estos momentos la condición de investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que abrió diligencias por presuntos delitos de malversación de...

... de las demandas sobre cláusulas suelo. La Comisión Permanente ha aprobado hoy la renovación del plan de especialización que afecta a cincuenta y cinco juzgados de primera instancia de toda España para que conozcan de forma exclusiva y según los casos también excluyente de los asuntos que se refieren a cláusulas abusivas. En esta ocasión, la duración de esta medida será de un año, y no de seis meses, como había venido ocurriendo desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017.

Los magistrados y sus asociaciones se han estado reuniendo con los políticos para venderles que la despolitización de la Justicia pasa por juntar las manos en signo de plegaria y,con una fe ciega,entregarles un poder omnímodo..el Poder Judicial se conviertiría en el único que se elija a sí mismo y se controle a él mismo,sin ningún contrapeso externo. El esquema es el de todos los populismos: hay un problema insoportable de injerencia política en las cúpulas judiciales y de falta de independencia ergo dennos todo el poder a nosotros los jueces

El secretario general de Vox asegura que se ocultan datos sobre hombres asesinados por sus parejas, pero el CGPJ los incluye en sus informes anuales desde hace años. No todos son asesinados por mujeres. Según el INE, en 2017 hubo 4.313 varones con medidas de protección ante un familiar, sobre todo progenitores. Cifra en 29.008 las mujeres con órdenes de protección o medidas cautelares por ser víctimas de violencia de género. LAS CLAVES | ¿Por qué no son iguales todas las violencias? Así se diferencian la violencia machista y la doméstica

La decisión se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó en septiembre de 2017 con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados. La medida establece difundir y promover los canales existentes para que las víctimas y los profesionales puedan formular sus quejas contra los órganos judiciales, facilitar el sistema para interponerlas y para que las posibles anomalías sean investigadas y que se informe a la víctima de la situación de su expediente y del motivo de que una queja haya sido archivada.

Juan Carlos Garcés Pérez es el jefe del servicio informático del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace 15 años. García Castellón dice que Villarejo quiso obtener datos personales a través de "los encargados del tratamiento de las bases de datos". El juez de la Audiencia Nacional imputa al informático en la pieza Land, la que investiga a los miembros de la familia Cereceda -promotores de la lujosa urbanización de La Finca- que contrataron los servicios de Villarejo en un contencioso por una herencia..

El jefe de la informática judicial,Juan Carlos Garcés,declara a Confilegal que esta muy tranquilo y que no tiene nada que ver con el caso Tándem. "..en el Punto Neutro Judicial,como todos los sistemas de seguridad tienen un certificado que he firmado yo pues por lógica aparezco en los 45 millones de consultas anuales que se realizan ..ese canal seguro se llama así porque lo que todas las comunicaciones van cifradas con un certificado. Ese certificado lo he tenido que firmar yo,lógicamente,porque yo soy el responsable de la informática judicial

El político critica la fundada sospecha de que el poder político trata de inmiscuirse y condicionar el trabajo de los más altos magistrados, ante lo que propone cambiar el sistema de elección.

Almeida on Twitter: "No se veía algo parecido desde los tiempos de la Comisión McCarthy. Se pide la convocatoria del Fiscal General del Estado y del presidente del CGPJ para que informen sobre cuentas en Twitter de jueces y fiscales. Feliz caza de brujas, senador."

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2018 fue de 59.671, un 1,8% menos que un año antes, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.La caída obedece al retroceso del 15,2% en los desahucios consecuencia de ejecuciones o embargos (18.945), en tanto que los lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se confirmaron al alza el pasado año al subir un 4,5% (37.285).

En esta ocasión también se ha nombrado a otro bisoño miembro de la conservadora APM, con unos diez años en la carrera judicial, y que durante los mismos fue propulsado directamente a puestos,también a dedo, como jefe de la Sección de Personal del CGPJ. Poco tiempo ha pasado en el juzgado de Fuenlabrada en el que está como JAT,o sea, sin puesto en propiedad. Debe ser otro caso claro de los que tienen "inquietud por progresar", porque le ha ganado la designación para el refuerzo a Rosa Freire, una magistrada con 29 años de experiencia.

La sentencia, que consta de 1804 páginas, establece que los acusados son culpables de los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia grave y continuada, rebelión e intento de asesinato de España. Esta última última pena, que no constaba en la fase de instrucción del proceso y habría sido introducida a posteriori, sería la más grave de todas las expuestas.