Pagado con dinero público y sin mandato judicial, la Junta de Castilla-La Mancha, bajo el Gobierno del PP, contrató una investigación para determinar si se habían producido borrados de datos en ordenadores de la Consejería de Presidencia y de la Dirección General de Presupuestos antes de que el Gobierno socialista abandonara definitivamente el poder. El propio Leandro Esteban lo reconoció el mismo día que se hizo público que Método 3 había recibido este encargo de nuestra región, aunque no citó en ningún caso a la controvertida agencia catalana

Reconoce el derecho de los trabajadores a no tener que pagar tasas judiciales en procedimientos ante la jurisdicción social. Determina que “en el contexto de la actual crisis económica, la precarización del empleo, la masiva pérdida de puestos de trabajo y la reducción de los umbrales de renta de los trabajadores que imperan en nuestra realidad social, constituyen factores determinantes de que la exigencia de la tasa, más que cumplir con la finalidad a la que está destinada, puede convertirse en un verdadero obstáculo para recurrir”