La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), junto con 17 sociedades federadas se han posicionado este viernes en relación con la iniciativa de traspasar la gestión de la vacunación contra el SARS-CoV-2 a empresas privadas para que presten servicios “que son propios del Sistema Nacional de Salud y, en concreto, del primer nivel asistencial, Atención Primaria”.

RTVE ha lanzado una licitación por un valor de 1,8 millones de euros para encontrar una empresa que se encargue de gestionar y coordinar a través de varias vías, las oposiciones libres que pretende llevar a cabo antes de que finalice 2021. Esta labor, como en cualquier otra empresa pública la realizaba hasta hoy la dirección de RRHH. (Otra fuente: usortve.es/index.php/noticias/775-echando-balones-fuera )

La Comisión de Salud del Parlamento de Navarra tratará próximamente una moción presentada por Txomin González, parlamentario de EH Bildu en la que se pide que Salud abra un expediente de investigación para determinar las irregularidades de la prestación del servicio de transporte de hemoderivados y reactivos entre el Banco de Sangre y el Hospital de Tudela. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/empresa-no-reconoce-como-accidente-labora (Una empresa no reconoce como accidente laboral la muerte de un pamplonés

106 empleados del equipo destinado a la gestión de incidencias y mantenimiento de las redes fija y móvil de Vodafone, iniciarán a partir del próximo lunes 29 de noviembre una huelga indefinida para protestar por la venta de la unidad a la compañía multiservicios y ETT Eulen. Se da la situación de que esta unidad, que originalmente estaba compuesta por empleados directos de Vodafone, ya se externalizó a Huawei en el 2019.

El día 1 de noviembre el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies daba a conocer la enmienda transaccional con la que los grupos parlamentarios del PSOE y de Cs pretendían privatizar la gestión de los procedimientos administrativos de declaración responsable, atribuyendo las funciones de informe, certificación e inspección a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales, pero también, a cualquier tipo de entidad privada habilitada a tal efecto, arrinconando con ello a los funcionarios públicos.

Los empleados de servicio al cliente informaron a NL Times que descubrieron en una videollamada del CEO de Booking Holdings, Glenn Fogel, que o irán a trabajar para Majorel, o perderán sus trabajos. La mayoría de los que acepten el traspaso tendrán un contrato de seis meses, pero no están claras las consecuencias de rechazar el traspaso. Es el segundo despido masivo de la empresa en dos años.

(...)En los últimos 10 años se ha adelgazado lo público y se ha confiado en lo privado como complemento de lo público(...)lo público está pagando a otro proveedor para que preste un servicio, no está invirtiendo en renovar su infraestructura, su aparataje diagnóstico, en generar una capacidad adecuada para la demanda (...)seguro privado no lo tiene como sustituto de la pública, sino para ahorrarse la lista de espera...

La pésima gestión de la Sanidad cántabra es una evidencia por la parte del socialista del Gobierno de Cantabria y una prueba más de ello es que ante la imposibilidad de resolver el problema de las largas lista de espera del Servicio Cántabro de Salud (SCS), a licitación por 22 millones de euros y con un plazo de tres años, prorrogable a uno más, el contrato para la derivación a clínicas privadas los procedimientos quirúrgicos.

PNV y PSE han externalizado la Estrategia Vasca de Empleo 2030, la última reforma de la Ley sobre la Garantía de Ingresos y la reciente transferencia de la competencia del Ingreso Mínimo Vital. Medio centenar de contratos públicos por valor de 12,4 millones de euros desde 2014 a una docena de consultoras. De entre ellas, tres han sido sancionadas por la CNMC y otras están siendo investigadas por la AVC debido a irregularidades en la contratación.

Las representantes sindicales del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cuenca denuncian una “situación límite” respecto al servicio “que está dando lugar a que haya usuarios sin atender”. Las trabajadoras relatan que la oficina de coordinación de la empresa prestataria del servicio, Aralia, cerrará hasta nuevo aviso, por lo que les es imposible “cubrir bajas, solicitar permisos o cambios” y que la situación hace que los usuarios del servicio “llamen a la empresa o a servicios sociales del Ayuntamiento sin obtener respuestas”.

Dos meses después de que el empresario compostelano Rafael Ferreiro adquiriese el hotel, la firma pretende impulsar un ERE que afectaría a unos 25 empleados del restaurante y la cafetería. Precisamente, el 6 de enero la compañía decidió cerrar estas instalaciones, dejando de prestar dichos servicios a los huéspedes. Desde la CIG sospechan que existe una intención oculta de externalizar estos servicios y que la nueva empresa no querría asumir a la plantilla actual, con unas condiciones laborales consolidadas tras llevar 40 años, en algunos casos

La Justicia ha decidido avalar que Radio Televisión Española haya acudido a empresas privadas para sacar adelante algunos servicios. El sindicato llevó varios casos ante los tribunales esgrimiendo un anexo del Convenio Colectivo de RTVE, firmado en 2003. Los documentos aportados por el ente público, dicen los jueces, apuntan más bien en dirección contraria: "Acredita que no dispone de medios humanos para llevar a cabo las diversas funciones objeto de los contratos.

Explicación clara sobre en que consiste externalizar costes de una actividad empresarial. Haciendo recaer los costes sobre el conjunto de la sociedad mientras los beneficios son privados.

El impulso que pretende dar el ministerio de Escrivá, sumado a la llegada de los fondos europeos, está permitiendo a las consultoras y tecnológicas sumar contratos con el Estado.

El 14 de mayo, Osakidetza formalizó un contrato por 5.082.000 € para externalizar otra parte de los “servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones de gestión”. El procedimiento de adjudicación se restringió a una sola empresa, Deloitte, sancionada en 2021 por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC): tuvo que pagar unos 4 millones por prácticas colusorias contra la administración pública, entre ellas Osakidetza, que ahora justifica no disponer “de personal cualificado, ni personal suficiente, para las acciones enmarcadas”.