El Tribunal Supremo declaró nulo el decreto que regulaba el funcionamiento de la Agencia Tributaria Andaluza. Para salvar una norma chapucera e ilegal y salvarse de las consecuencias y responsabilidades de la sentencia del Supremo, el gobierno PSOE-IU presentó ayer un Decreto-Ley que confirma la validez de todos los actos administrativos en materia tributaria. Y para ello, instrumentalizaron al Parlamento andaluz que ayer, con los votos de PSOE e IU, aprobó el Decreto-Ley

El uso del Decreto Ley para regular aquello que no era urgente ni extraordinario, sino más bien problemático para el Gobierno, es poco democrático y ya están en vigor sin que el Parlamento se haya pronunciado. ¿Es constitucionalmente legítimo? ¿Se puede usar el Real Decreto Ley (RDL) para regular todo lo que el Gobierno quiera sin debate público?No se puede hurtar el debate sobre ciertas medidas cuando no hay necesidad para ello. El gráfico y la tabla explicativos.

Varapalo para los inquilinos y alivio para los grandes arrendadores. El sector inmobiliario estaba pendiente del decreto ley que podía marcar un punto de inflexión en las reglas que dan forma al alquiler en Cataluña, sentando un precedente para el resto de España. La intervención pública en el mercado del alquiler está ganando fuerza en Europa y Cataluña podía haber sido la primera región que diera un paso importante en esta materia en España. Sin embargo, el Parlament ha tumbado de forma inesperada el decreto ley que incluía la limitación de l

El art.224 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas,– más allá de un Preámbulo de 62 páginas e infinidad de modificaciones legales puntuales–, dedica su art.224 a una importante modificación de la regulación del proceso contencioso-administrativo. Ello como compensación por la frustración de la tramitación de las leyes de eficiencia organizativa y procesal.

Hoy se ha aprobado una modificación en el Real Decreto que regula las normas técnicas de edificios y locales comerciales que persigue mejorar la eficiencia energética. El decreto aprobado limita por ley la temperatura mínima y máxima de la climatización ambiente de edificios administrativos, comerciales, culturales, centros de ocio, y en estaciones de transporte....

El Tribunal Constitucional avaló el uso del decreto ley para aprobar la reforma laboral en un auto de 2014 cuyo ponente fue el hoy dirigente 'popular' y consejero de Isabel Díaz-Ayuso, Enrique López.La herramienta del decreto ley utilizada por el actual Gobierno de coalición ha sido uno de los aspectos criticados este martes por el presidente del PP, Pablo Casado, ya que, a su juicio, el marco laboral debe regularse con un proyecto de ley.

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha convalidado 132 reales decretos desde su llegada a la Presidencia en junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Mientras tanto, hasta el día de hoy, se han aprobado un total de 69 leyes ordinarias y 34 orgánicas, según datos del Congreso de los Diputados. Mientras tanto, los Gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y junio de 2018, vieron convalidados 127 decretos-ley, 191 leyes ordinarias y 56 leyes orgánicas.

Piratas de Cataluña ha puesto a disposición del público un documento (pdf) que contiene lo que el Gobierno pretende aprobar como reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Asumiendo la autenticidad del mismo, y no veo razón para desconfiar de quien lo publica, es bueno llamar la atención, aunque sea brevemente, sobre su contenido, ya que la voluntad de aprobarlo por Real Decreto-Ley indica que la aprobación puede ser inminente.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha confirmado este martes que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el próximo viernes un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado hoy de la aprobación del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque "no se puede perder ni un solo instante" para esta tarea.

También diría que fue escandaloso en Legislaturas anteriores, cuando se acudió a esta figura contando el Gobierno -por ejemplo, el presidido por Mariano Rajoy entre 2011 y 2015- con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que le permitía sacar adelante sin problema alguno, pero con “luz y taquígrafos”, cualquier proyecto legislativo gubernamental: en el período 2011-2015 los Decretos-leyes supusieron casi el 50% del total de normas legales aprobadas (76 sobre 160).

El BOE del 31 de octubre recoge el Real Decreto-ley 14/2019 aprobado el pasado viernes, en el último Consejo de Ministros del Gobierno en funciones antes de las elecciones, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. El Gobierno ha aprovechado este Decreto Ley para añadir una nueva justificación al cierre exprés de páginas web u otros servicios de comunicaciones digitales.

En conceto, el decreto ley supone la modificación de la Ley 18/2009 del 22 de octubre de Salud Publica y la adopción de medidas urgente para hacer frente al riesgo de brotes de la covid-19. En la normativa aprobada se introduce un nuevo apartado que faculta a la autoridad sanitaria a tomar medidas relacionadas con “la limitación de actividades, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”,

El borrador del Decreto-Ley, al que ha tenido acceso en exclusiva LD, por el que se aprueban medidas en materia de reordenación del Sector Público no significa un recorte del gasto público ni de personal. Se limita a fusionar la administración paralela creada por la Junta en 8 Agencias Públicas.Los 28.000 trabajadores de este sector, la inmensa mayoría colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos.

Las tres principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico piden a los diputados que rechacen en el Congreso el real decreto ley 14/2010 con medidas urgentes del sistema eléctrico, cuyo texto, incluye un recorte de la retribución de la fotovoltaica. En un comunicado conjunto, piden a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que tome conciencia de las "graves medidas que para el sector fotovoltaico español y para la propia credibilidad de España" supone el real decreto ley.

El diputado del PP Cristóbal Montoro ha asegurado hoy que su grupo "no va a apoyar" el decreto-ley de reforzamiento del sistema financiero español, ya que la norma, según ha insistido, "provocará una restricción del crédito". El texto "llega tarde y mal, y está mal enfocado", ha dicho Montoro durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, que previsiblemente ratificará esta mañana el real decreto-ley que eleva las exigencias de capital de las entidades financieras.

José Mujica revocará mediante un decreto la Ley de Caducidad, que impide juzgar a exmilitares involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, lo que conllevará a la apertura de juicios de crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985). La propuesta de dejar sin efecto este marco jurídico ha sido votada dos veces en plebiscito, en 1987 y 2009, sin tener el éxito deseado por la izquierda que ha luchado por someter a juicio a todos los responsables de presuntas violaciones a los DDHH cometidas durante el régimen militar

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha advertido de que el Gobierno ya tenía previsto ahorrar cerca de 2.500 millones de euros sobre el gasto farmacéutico en los próximos 12 meses sólo con las medidas que adoptó en 2010, sin contar con el decreto ley para la sostenibilidad del sistema sanitario que aprobó el pasado viernes 'a bombo y platillo'.

Siempre hay un garganta profunda dentro de los Ministerios que filtra informaciones, borradores y anteproyectos de normas. Pese al silencio y omertá del nuevo gobierno ya se ha filtrado el Proyecto de Decreto-Ley que recortará plazas, retribuciones y permisos a diestro y siniestro. Del General Invierno no se librará ninguna Administración ni ente público.

El gobierno quiere que sólo haya a partir de ahora un sólo formato de contrato fijo, con despido más barato que el indefinido ordinario. Según ha sabido la cadena SER, sería un contrato con una indemnización de 33 días por año, frente a los 45 del indefinido ordinario actual. Éste sería el elemento clave de la reforma, que además se aprobaría por decreto ley, para que entre en vigor de manera inmediata, según fuentes conocedoras del proceso de elaboración.

Las aguas de la judicatura bajan revueltas. ¿La causa? La decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de marginar a las asociaciones de jueces y al propio poder judicial. Lo que critican es que no se les consulte pese a que lo preceptivo es remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con carácter previo el texto de las normas que pretende aprobar el Gobierno. El decreto ley que ha irritado a los jueces, se refiere a la puesta en marcha de una normativa sobre resolución voluntaria de conflictos a través de la mediación.

La aprobación de la denominada amnistía fiscal a las personas o empresas defraudadoras por medio de un decreto ley, podría ser anulada en el caso de que se presente un recurso de inconstucionalidad y posteriormente el Tribunal Constitucional (TC) decida seguir su doctrina sobre la utilización de ese tipo de norma legal para sacar adelante medidas que afecten a la esencia de los tributos e incidan en el deber de los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El Consejo de Ministros se reunió el viernes. El sábado el Boletín Oficial del Estado publica dos Reales Decretos-Leyes, pero no publica el que introduce el repago farmacéutico para los jubilados españoles.

El Ministerio de Sanidad está dispuesto a hacer "correcciones" en el decreto ley que entró en vigor el martes y que determina que los titulares de una tarjeta sanitaria han de ser "asegurados" en vez de "ciudadanos". Un portavoz ministerial aseguró ayer que el Gobierno aprovechará el trámite parlamentario del decreto ley para puntualizar que "todos los españoles sin excepción" tendrán derecho a la tarjeta sanitaria y a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, con independencia de su edad y de si cotizan o no a la Seguridad Social.