Publicidad institucional al borde de la legalidad. La ley que regula la publicidad institucional prohíbe las “campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por los integrantes del sector público, con lo que los objetivos marcados en el contrato podrían entrar en este veto marcado por ley.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2022, que prevé una inversión concreta de 158,34 millones de euros en 167 campañas institucionales para este año. Esta cifra revela un aumento de inversión en publicidad que supone casi 34,9 millones más que en el periodo anterior.

Muchos políticos siguen manejando el dinero público de la publicidad institucional con los criterios de pesebre y trabuco que os relaté en un artículo hace unos meses. Lo que sí me ha sorprendido es saber ahora que el Gobierno pretende convencer a la CNMV que recomiende a las empresas del Ibex, todas privadas, que desvelen dónde se anuncian y cuánta publicidad invierten en cada medio de comunicación.Consejos vende el partido y el Gobierno de Rajoy, pero para sí mismos no tienen.

El PP ha bloqueado este jueves, en el marco de la votación sobre la Ley de Transparencia, una enmienda presentada por el PSOE que pedía que las Administraciones Públicas publicasen "la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos celebrados (...,) así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias".

La corrupción, el ejercicio irregular o incluso delictivo del poder, el descrédito de los políticos, el mal uso del dinero público, los recortes de derechos ciudadanos… Estos son algunos de los grandes temas que preocupan al público y de los que informamos y debatimos una y otra vez los medios de comunicación y los periodistas. Y sin embargo hay un asunto casi tabú del que nadie habla: la publicidad institucional en los medios de comunicación privados.

Este jueves 30 de noviembre, el PP andaluz ha rechazado la resolución propuesta por el PSOE para evitar que webs que promueven la desinformación se beneficien de contratos de publicidad institucional. La iniciativa nació después de que Público revelara que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, había adjudicado un contrato de 264.500 euros –320.045 con IVA– a Ok Diario, Estado de Alarma TV o El Debate, entre otros medios y webs.

El Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2010 refleja que el año pasado el Gobierno –sólo la Administración Central sin incluir Comunidades Autónomas ni Ayuntamientos- realizó 86 campañas de publicidad invirtiendo 80,8 millones de euros, un 14% menos que los 95,2 millones invertidos en 2009. Los ministerios que más se han dajado dinero han sido Interior con 16,2 millones (un 20,1% del total), Industria con 12,5 millones y (un 15,5%) y Medio Ambiente con 9,8 millones (12,2%).

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para 2015, que prevé una inversión de 48,9 millones de euros en un total de 75 campañas, lo que supone un aumento del 19 % respecto a 2014. El Ejecutivo explica en la Referencia del Consejo de Ministros que si se tiene en cuenta la inversión en publicidad comercial, la suma alcanza los 169,4 millones de euros, 22,4 millones más que lo planificado en el pasado ejercicio.

El Gobierno de Mariano Rajoy se niega a hacer público el reparto de los alrededor de 70 millones de euros anuales que gasta en publicidad institucional entre cada uno de los distintos medios de comunicación en los que se promociona.

Un grupo de quince medios independientes ha enviado hoy a la Secretaría de Estado de Comunicación y a diferentes partidos políticos una petición formal para impulsar una reforma de la Ley Acuerdo Marco de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005. En los últimos años, esta norma ha sido utilizada por muchos medios de comunicación para obtener campañas públicas y privadas falseando sus datos de audiencia con diversos métodos ilegítimos, y ha sido incumplida por administraciones de todos los colores políticos...

En 2019, la Junta de Castilla y León invirtió un total de 12.644.586,6 euros en publicidad y campañas institucionales en medios de comunicación, frente a los 11.467.009 de 2018. Según los datos hechos públicos este sábado en el Portal de Transparencia de la Comunidad, el grueso fue a parar a los medios de comunicación impresos, 7,8 millones de euros, seguido los medios exclusivamente digitales, que recibieron 2 millones de euros, y de las radios, con 1,6 millones de euros en radio.

El Tribunal administrativo central de recursos contractuales ha anulado los pliegos del contrato de publicidad institucional en prensa de la Ciudad Autónoma de Melilla. El organismo declara ilegales varios puntos encaminados a que los anuncios se repartieran entre los tres medios locales más destacados: Melilla Hoy, El Faro de Melilla y El Telegrama. Excluía a diarios nacionales con difusión en la ciudad y aplicaban un criterio (número de empleados) que no incide en la calidad de la prestación del servicio.

Los numerosos cambios que se han producido en los gobiernos locales, provinciales y autonómicas tendrán a buen seguro su repercusión en la publicidad institucional, una de las principales fuentes de financiación para los ‘mass media’.

En su etapa de alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella benefició a medios afines al PP con el reparto de las inversiones publicitarias, privilegiando a medios como La Razón, ABC o la cadena COPE cuando no cumplían con las condiciones de audiencia y difusión atendibles. Entre 2013 y 2015, el ayuntamiento madrileño repartió más de 21 millones de euros en publicidad institucional favoreciendo, sobre todos, al diario La Razón, por encima de diarios como El País y El Mundo, de clara mayor difusión.

Pedro Sánchez ultima el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2020 y subvenciones de hasta el 30% a los anunciantes en medios

El Gobierno anunció el pasado 14 de febrero el mayor contrato de compra de espacios para publicidad institucional de la historia

A dedo y sin aparente criterio cuantitativo ni cualitativo. Así reparten Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida la publicidad institucional de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Medios de comunicación como El Salto ya han puesto de manifiesto cómo ambas instituciones, gobernadas por el Partido Popular, distribuyen su presupuesto publicitario, en gran medida, entre “medios afines y de extrema derecha”. Las dos administraciones madrileñas colocaron 14 inserciones publicitarias en Noticieromadrid.es en 2021 por un valor total de…

El Consejo de Ministros extraordinario de este lunes ha autorizado al Ministerio de Hacienda la celebración de un acuerdo marco por valor de 440 millones de euros para la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de campañas de publicidad institucional.

El grupo ha experimentado una gran expansión, acosada por casos de corrupción y problemas financieros que ha sorteado con fondos públicos controlados por el PP.

Emilio Guichot explica que la futura ley de transparencia estatal obliga a publicar los contratos de publicidad, pero la mayoría son con agencias que no están obligadas a contar entre qué medios los reparten."Ha habido y hay casos de utilización partidista. En la medida en que no hay conocimiento real de cómo es esa distribución tras el primer escalón, lo cierto es que hay descontrol,...

En 2015, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid gastaron en publicidad institucional 14,7 millones de euros y 7,5 millones, respectivamente. La Generalitat invirtió 31 millones. La Comunidad de Madrid no proporciona datos [...] Esperanza Aguirre, que batió todos los récords conocidos entre 2008 y 2011 en materia de publicidad, cuando invirtió --según contó en marzo pasado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid-- al menos 220 millones en campañas de comunicación y marketing.