La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que representa a unos 20.000 profesionales de atención primaria, ha criticado abiertamente la decisión del Gobierno central de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes 'sin papeles'. Y lo hace no sólo porque la atención médica es, a su juicio, «un derecho humano básico», sino también porque supone «un riesgo», ya que dificultará el control de distintas enfermedades transmisibles, «como la tuberculosis u otras infecciones, lo cual podría perjudicar a toda la sociedad».