Artículo muy interesante que explica la ocupación de terrenos como una consecuencia de la exclusion a la que se ven sometidos los habitantes mas pobres en Perú. Tambien habla de otro tipos de informalidades como solución a estas políticas elitistas

Para el autor, "no hay razón para criminalizar" a quienes en la peor situación de su vida han optado por ocupar pisos vacíos, ante la inacción de las administraciones. Tras demasiados años de una crisis que no parece terminar, siguen apareciendo nuevos efectos, que castigan, de manera implacable, a las capas más débiles de una sociedad que se ha demostrado incapaz de protegerlas y, por tanto, de cumplir su función. Nos encontramos con miles de familias excluidas de aquel sistema de protección social que, se supone, servía para hacer...

La respuesta vecinal violenta ante la ocupación ilegal de inmuebles no es la solución del problema, puesto que vivimos en un estado social y democrático de derecho, sometidos a la ley y al orden jurídico y que el concepto de legítima defensa de un derecho no ampara situaciones como las que se están produciendo de respuestas vecinales que se organizan para causar daños en el inmueble o incluso para agredir a los posibles ocupas.

Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP están preocupados por la notoriedad que están alcanzando, gracias al apoyo de colectivos como el 15M, las ocupaciones ilegales de edificios en Madrid y su posterior desalojo, y aseguran que los agentes se limitan a cumplir la ley. Tras ser desalojados, estos grupos han asegurado que ocuparán otros inmuebles mientras sean desalojadas familias por no poder pagar su hipoteca. Lorenzo Nebreda, ha sostenido que la ocupación de edificios por parte de grupos antisistema "es delincuencia pura y dura"...

Actualmente se estima que existen más de 87.500 familias ocupando viviendas en España, una cifra que equivale a 262.500 personas, según desprende de un estudio del Institut Cerdà.

La Policía Local de Badajoz ha impedido que doce familias con hijos menores ocupen el bloque número 4 de la calle Ventura Reyes Prosper, en la barriada de Suerte Saavedra, viviendas que pertenecen a la Guardia Civil.

Solares, vallas, techos e incluso contenedores de basura son convertidos en espacios habitables en estos ejemplos de viviendas a menudo ilegales. Todo tipo de superficies urbanas puede ser subvertido y convertido en refugios seguros y secos, a menudo aprovechando vacíos legales o logrando pasar inadvertidos al integrarse en el entorno urbano.

Más de 15 años después de que se dictaran las primeras sentencias judiciales, las excavadoras han entrado hoy en la urbanización de la Playa de la Arena, en la localidad cántabra de Arnuero, para iniciar la demolición de 42 de las 142 viviendas construidas ilegalmente en un encinar protegido. Una veintena de propietarios y vecinos afectados se manifiestan en la zona desde primeras horas de la mañana bajo el lema 144 familias víctimas de la mafia del ladrillo.

Dos jóvenes se han encontrado la vivienda que acababan de comprar en la localidad de Castelldefels (Barcelona) ocupada por un grupo de personas con antecedentes penales al regreso de sus vacaciones, hecho que ya han denunciado a las autoridades.

Albert Rivera ha defendido en las enmiendas que su partido ha presentado en el Congreso de los Diputados a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. En concreto,aquella en la que Ciudadanos propone que la Policía pueda entrar en una vivienda o local que estén "ocupados por mafias o donde haya indicios claros y flagrantes de delito";ha puesto el ejemplo de los narcopisos y ha explicado que "no es normal que haya mafias que chantajean a familias para poder entrar en sus casas" o que existan narcopisos en algunos barrios de Madrid o Barcelona.

El Ministerio de Exteriores egipcio pidió a Israel que detenga el castigo colectivo que inflinge a la población civil en Palestina desde hace más de dos semanas. El texto oficial urgió a las autoridades de ocupación "a ejercer la autocontención y a permitir a las autoridades palestinas asumir sus responsabilidades en la búsqueda de los responsables. La víspera la Liga Arabe, responsabilizó a Israel por la tragedia en curso en la Cisjordania, consecuencia de sus desmanes en los territorios ocupados, y condenó la ola represiva contra la población

La casa de María Luisa fue ocupada por el método de la 'patada en la puerta' hace meses. El caso está en manos del juez pero mientras no haya sentencia, de allí no se mueve nadie. "Mira estamos viviendo por la cara. Que page luego el Estado". Maria Luisa, la propietaria, está desesperada: "La casa la pago yo, no hay derecho. Yo también soy pobre".

Imaginen que llegan a su casa y se encuentran una cerradura nueva y no pueden introducir su llave. Pues eso mismo ha sido lo que le ha pasado a Amparo Martínez, una vecina del barrio madrileño Los Olivos en Mejorada del Campo. Desde hace una semana, esta cajera de un supermercado de la zona está viviendo un mal sueño; aún no puede dar crédito a que no pueda entrar a su propia vivienda. El relato de los acontecimientos roza el surrealismo.

"Barcelona revisará todos los pisos turísticos legales de la ciudad. El gobierno municipal ha abierto un nuevo frente en el control de los apartamentos turísticos y por el momento anunció ayer que prevé la retirada de la licencia a más de medio millar de estas viviendas al detectar anomalías cuando se solicitaron hace seis años."

Durante la grabación de un reportaje para Antena 3, la policía reclamó a uno de los cooperativistas acampados su documentación por estar construyéndose una caseta para protegerse del frío tras 59 días durmiendo en la intemperie. El resto de cooperativistas obligan al policía a tomar sus datos también. Solidaridad

La Policía Local informa de que tanto si la vivienda está habitada como si no, en ambos casos la persona que la ocupa de forma ilegal incurre en delito. En este sentido, no es lo mismo ocupar una vivienda que esté deshabitada −que generalmente supone un delito leve de ocupación si no hay violencia−, que ocupar una vivienda que sea el domicilio habitual de otras personas, lo que supone un delito de allanamiento de morada con penas de prisión que van entre los seis meses y los dos años.

Analizamos quién está detrás de la construcción del medio millón de viviendas ilegales que existen en España. Viajamos hasta Marbella, donde se han construido más de 18.000 viviendas ilegales. Allí, Fidel San Román, un afamado constructor y promotor condenado en la Operación Malaya, declara haber pagado tres millones de euros a Juan Antonio Roca con el fin de regularizar más de 1.000 viviendas construidas en suelo de uso público. Promotores, constructores y políticos. Recorremos España en busca de los responsables.

Lo ocurrido en los PAU de Chozas de Canales (Toledo) es un ejemplo de las graves irregularidades llevadas a cabo por los máximos responsables de CCM, en perjuicio de los consumidores. CCM financió, a sabiendas, una construcción ilegal y contribuyó con el constructor, el notario y el registrador a dar apariencia de legalidad a unas viviendas que ni tan siquiera tenían, y siguen sin tener, licencia de primera ocupación, con la finalidad de colocar las viviendas y el préstamo concedido inicialmente al promotor a los compradores.

Entre los ocupantes del edificio se encuentra una pareja con dos hijos menores que vivían separados en casas de familiares desde que el padre fue despedido de la construcción y fueron desahuciados por impago de su piso de alquiler. También han decidido ocupar una de las viviendas un hombre en paro y su pareja embarazada que, en los últimos meses, han tenido que recurrir a los albergues municipales, así como un hombre de 40 años que tras cobrar 6 meses de desempleo dormía en un coche prestado y una pareja que desde hace 9 meses...

La Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) tiene actualmente un patrimonio de 23.354 viviendas sociales públicas. El 8'5% de todas ellas, unas 2.000, "están ocupadas ilegalmente" a fecha 10 de julio, según reconoce la Comunidad de Madrid. Con ese dato sobre la mesa, actualmente el 51% de todos los pisos ocupados de forma irregular en la Comunidad de Madrid pertenecen a la Agencia de Vivienda Social. Además, la Comunidad de Madrid tiene un stock de 533 viviendas sociales vacías, pese a tener 3.412 familias vulnerables en lista de espera.