Es muy normal que la Guardia Civil le ponga al operativo el nombre de Volhov, como una Batalla exitosa de la División Azul ante los rusos en la IIGM. Normalísimo, vaya.

De 48 horas detenidos en calabozos de la Guardia Civil, a rápidas comparecencias de cuarto de hora ante el juez y recuperar la libertad sin ni siquiera medidas cautelares. El fiscal anticorrupción Maldonado no pidió ninguna medida cautelar como la retirada del pasaporte o comparecencias en el juzgado, aunque se les acusa de gestionar la organización de Tsunami Democràtic. La Guardia Civil sostiene que algunos de los detenidos financiaron a Puigdemont, sin detallar ningún indicio de transferencia de subvenciones o partidas públicas desviadas.

Revuelo por el nombre de la operación contra el 'estado mayor' de Puigdemont. Cuando la operación propició las primeras actuaciones y detenciones, en noviembre del 2019, se le llamaba ‘Voloh’, que es el nombre del dios eslavo de la tierra, las aguas, los bosques y la fertilidad, entre otras cosas. Con esa misma denominación apareció entonces en los medios de comunicación. Pero en la nota de prensa enviada por la dirección general del instituto armado para dar cuenta de las detenciones se la llamaba ‘operación Volhov’.

Un nuevo atestado busca ahora las cosquillas a la Plataforma por las Selecciones Catalanas. Ahora la acusación es que llevan a cabo tareas "de inteligencia" para ir contra el Estado. Todo para instruir una pieza separada, en una ofensiva general contra el independentismo desde el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona. La conclusión de los agentes de la Guardia Civil es contundente: "Hemos encontrado documentos en la sede de esta entidad en los que se observa que se pretendía tareas de inteligencia con el objeto de denostar al Estado español"

Perdido. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha ordenado la "regeneración" de la resolución que dictó y en la cual daba por cerrada la investigación al director la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a dos agentes de los Mossos d'Esquadra, porque el juzgado la ha perdido. Alay y los dos policías fueron encausados por haberles pedido que miraran en el sistema policial si estaba incluida su búsqueda y detención en 2020.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,recibió un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado. El envío de este paquete, que contenía un temporizador electrónico que acompañaba una bolsa que simulaba la carga explosiva, ha causado preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado consultadas, ya que lo interpretan como "una clara amenaza" o intento de amedrentar a un juez.