El Sindicato Médico de Galicia (SIMEGA), afiliado a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha manifestado su respaldo a los médicos del Área Sanitaria de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, quienes han protagonizado concentraciones durante semanas para exigir la cobertura de plazas estructurales vacantes.

El TSXG ha recalcado que la paciente entró en el quirófano con una "lumboaciatalgia izquierda y discreta debilidad proximal de esta extremidad inferior (fuerza 4/5) por una hernia discal alojada en el disco intervertebral L3-L4" y que en el postoperatorio, "al despertar de la anestesia general, se evidenció una lesión neurológica severa varias vértebras por encima de la zona intervenida”.

Asimismo, aunque el Sergas valoró reconvertir estas dos plazas para que se pudieran cubrir por libre designación, dicha transformación "no se había producido" antes de la convocatoria de movilidad, por lo que "tenían que haber sido ofertadas". Por todos estos motivos, el TSXG ha dado la razón a la CIG y ha anulado este procedimiento interno de movilidad resuelto en 2021, al tiempo que ordena retrotraer el proceso hasta el inicio para que puedan salir todas las plazas.

Esta misma semana se conocía que un bebé murió en el CHUS de Santiago al contagiarse de una bacteria tras ponerle una vía que no era imprescindible, según dictó una sentencia. Hoy conocemos que el propio SERGAS ha reconocido que una doctora actuó mal cuando despachó a una embarazada con dolores con paracetamol y pimperán. Acabó perdiendo a su hija que podría haberse salvado de ser remitida al hospital.

El Sergas pide "responsabilidad" a sindicatos y estos critican la "nula" intervención de la Xunta y plantearán una posible huelga. El encuentro entre los representantes del personal de Ambulancias do Atlántico, concesionaria del servicio de transporte sanitario y urgente en Vigo, Cangas y Moaña, y la Consellería de Sanidade llevado a cabo este jueves ha terminado sin acuerdo y con un cruce de opiniones entre la Administración y los trabajadores.

El juzgado de instrucción número 2 de Santiago investiga si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros. Ambos vehículos estarían, de este modo, matriculados y rotulados casi medio año antes de que la Administración resolviese la adjudicación