Los obispos están en su derecho de realizar las campañas que les plazca, pero no con dinero público. Los ciudadanos que señalan la casilla de la Iglesia están disponiendo de un dinero que ya no es suyo, puesto que es parte de la cantidad que, según la legislación fiscal, les corresponde aportar a las cargas de la comunidad, entre las que en ningún momento deberían incluirse los gastos de una Iglesia.