No hace falta ser muy perspicaz para predecir que a medida que aumenten los recortes y las situaciones de emergencia social, mayores serán el malestar y la protesta. Sobre todo si estos recortes vienen acompañados, como está ocurriendo, de escándalos sistemáticos de corrupción que reflejan una estrecha connivencia entre el poder político y el poder económico y financiero. El problema es que, junto a estos fenómenos, también crecerá la tendencia a criminalizar dicha protesta.
