La reforma sanitaria prevista dentro del plan de recortes del Gobierno español será votada en el Parlamento de Madrid este jueves. Por este motivo, distintas organizaciones sociales han puesto en marcha una campaña para instar a los parlamentarios a rechazar la medida. www.sanidadparatodos.org

Cáritas Europa y otras 34 organizaciones de la sociedad civil manifestaron este miércoles su rechazo al decreto-ley de medidas de reforma sanitaria, que mañana, jueves, se convalidará en el Congreso de los Diputados.

El departamento vasco de Sanidad mantendrá la tarjeta sanitaria con "la cartera entera de servicios" a los inmigrantes irregulares y demás colectivos afectados por el real decreto aprobado por el Gobierno central el 20 de abril y convalidado hoy en el Congreso de los Diputados.

La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha cursado órdenes a sus servicios administrativos para que denieguen la tarjeta sanitaria a todos aquellos extranjeros extracomunitarios que carezcan de autorización de residencia. Con estas instrucciones, la Administración regional da cumplimiento a uno de los aspectos más controvertidos del real decreto ley impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de reducir gastos en la sanidad pública.

La vicesecretaria general del PSPV y diputada nacional, Leire Pajín, ha reclamado este jueves un cambio en las políticas sociales y sanitarias del Ejecutivo estatal, por considerar que "están destruyendo derechos" y "desmantelando" el sistema sanitario español. Así lo ha señalado en la presentación en Gandia, junto al portavoz de Sanidad del PSPV, Ignacio Subías, de la campaña 'Así no Rajoy', con la que hace balance de los primeros meses de gobierno del PP.

La sensación de angustia que vive el colectivo es enorme. Se les está arrinconando. Con estos cambios, en los próximos años se van a dar 50.000 personas más que se van a quedar sin trabajo y a continuación sin permiso de residencia ni tarjeta sanitaria"

La grave crisis financiera que vive Grecia ha provocado una situación dramática en el sistema sanitario del país. Desde hace días los fabricantes suspendieron el suministro de medicamentos a los hospitales públicos, farmacias y médicos, incluso aquellos destinados a enfermos graves.

Como explica la Confederación ASPACE, “elevar el grado de discapacidad requerido para contar con la necesaria cobertura sanitaria no hace sino añadir mayores barreras a las personas con parálisis cerebral, que ahora deberán abonar un seguro privado o verse obligados a incluirse como beneficiarios de terceras personas, mermando así su independencia y autonomía“.

El primer ciudadano en perder su tarjeta sanitaria no es un inmigrante ilegal ni ningún adinerado extranjero de la Costa del Sol. Se trata de un joven arquitecto de Mataró, que por haber alcanzado los 26 años y no haber cotizado a la Seguridad Social ya no podrá acceder a los servicios médicos básicos.

El decreto que prepara el ministerio de Ana Mato asegura la tarjeta sanitaria a los que acrediten menos de 100.000 euros los ingresos anuales. Trabajen o no y aunque no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social. Antes dijo que los mayores de 26 años que no trabajaran quedarían sin ella. Los pacientes pagarán las prótesis, productos dietéticos y transporte no urgente. Los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta desde el 31 de agosto.

Se saben incapaces de aplicar el copago de los medicamentos sin "disfunciones de carácter técnico". Son conscientes de que la imposición de una tasa sobre las recetas no representa ni de lejos una solución para hacer frente a la enormidad del gasto farmacéutico, que en la actualidad representa aproximadamente el 25% de la totalidad del gasto sanitario. Y a nadie se le escapa que con medidas como ésta complicarán un poco más la existencia a las gentes que bastante tienen con sus problemas de salud.

Cerca de 100.000 personas extranjeras sin papeles que residen en la Comunidad de Madrid perderán su tarjeta sanitaria el próximo 31de agosto, han denunciado hoy 18 organizaciones sociales, sindicales y de inmigración que han hecho pública en una rueda de prensa una declaración conjunta ante la reforma del derecho de acceso al sistema sanitario. La reforma, aseguran las entidades, entre las que figuran CCOO y UGT, "vulnera derechos constitucionales" y supondrá problemas de salud pública.

En esta ocasión contamos con Antonio de la coordinadora CAS Madrid que nos informará de las similitudes en cuanto a privatización y deterioro entre el sistema público sanitario de Grecia y el español.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge han puesto en marcha una campaña para solicitar a las Comunidades Autónomas que no adopten medidas regresivas en el acceso a la salud y que mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas.Las organizaciones advierten del grave impacto que una medida restrictiva en el acceso a la atención sanitaria pueda tener para miles de personas que puedan sufrir enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidemiológicos o enfermedades mentales.

¿Está repercutiendo la actual crisis económica en la atención sanitaria a los niños y adolescentes? La Sociedad de Pediatría de Madrid-Castilla La Mancha ha intentado dar respuesta a esta pregunta mediante un cuestionario respondido por pediatras. Los resultados son preocupantes y, desde luego, extrapolables a otras zonas de España. Se dividen en dos grandes áreas, consecuencias de las dificultades económicas de las familias y consecuencias de los recortes indiscriminados en materia sanitaria.

La Generalitat valenciana ha encontrado una fórmula para seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular. Distribuirá una tarjeta sanitaria nueva “con carácter excepcional y transitorio”, como describe un documento que se ha repartido en los centros de salud y hospitales, para garantizar la cobertura a los extranjeros sin papeles.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó hoy una medida que anula la reforma sanitaria de 2010, en una iniciativa que no será respaldada, no obstante, por el Senado. Tras más de cinco horas de debate en el pleno de la Cámara Baja, los legisladores aprobaron la medida republicana con 244 votos a favor y 185 en contra. Se trata de la segunda vez en la sesión 112 del Legislativo -y 33 veces desde enero de 2011- que los republicanos de la Cámara Baja aprueban una medida que anula la reforma sanitaria.

¿Puede un alimento pasar de ser uno de los peores recuerdos de la posguerra civil española a convertirse en un querido plato tradicional en el limbo sanitario? Y tanto. Esa ha sido la sorprendente evolución de la controvertida harina de almortas...

En este sentido, Mato ha asegurado que "bajo ningún concepto" las medidas adoptadas van a afectar "negativamente" a las mujeres separadas o divorciadas y ha recordado que, con la nueva normativa, estas personas van a dejar de estar vinculadas al sistema sanitario a través de su situación familiar anterior, para pasar a ser titulares de tarjetas sanitarias "sin depender absolutamente de nadie".

Tras la reforma el gobierno ultima la nueva tarjeta sanitaria.

El portal inmobiliario «Rightmove» ha retirado de su blog el polémico post en el que animaba a trasladarse a España para aprovecharse de su servicio sanitario. La supresión de esa entrada se produce después de que a lo largo de toda la mañana se haya desatado una auténtica polvareda en Twitter, donde «Rightmove» se presenta como la primera web inmobiliaria del Reino Unido.

Esta medida conseguirá frenar el turismo sanitario y se obtendrá un ahorro de 1.000 millones de euros, según la ministra Ana Mato... El Gobierno ha aprobado, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren irregulares en España.

El Gobierno vasco ha anunciado esta mañana su oposición al Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado y por el que se establece qué colectivos entrarán dentro del aseguramiento sanitario público y cuáles se quedan fuera. El Ejecutivo de Patxi López ha censurado en un comunicado oficial “este modelo de prestación sanitaria basado en los recortes y las restricciones” y ha reiterado que defenderá el “acceso universal” a la atención sanitaria de toda la sociedad “tal y como ampara nuestra propia capacidad normativa y n

El Ministerio de Sanidad confirmó ayer que los ciudadanos de menos de 65 años sin cobertura sanitaria alguna podrán formalizar un convenio con los servicios sanitarios públicos mediante el pago de una cuota mensual de 59,2 euros. Si se trata de personas con más de 65 años la cantidad de dinero que tendrán que aportar cada mes será de 155,1 euros, según confirmaron desde el departamento del Gobierno.