Las pruebas impropias obtenidas en secreto, sin declaración de derechos, sin conocimiento familiar del secuestro, sin Habeas Corpus, sin médico forense y sin firma de abogado, las utilizaban los jueces franquistas para condenar a gente vulnerable analfabeta y descendientes empobrecidos del republicanismo. Al primar la eficacia adquirida, que no la verdad, la Dictadura lograba reclutar industrialmente a falsos culpables para la autopromoción de su falsa seguridad.
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