La empresa depositó las escrituras en una notaría de Huelva el pasado 6 de abril y desde entonces los inquilinos de las viviendas de protección oficial de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, han insistido en que estas sigan en el parque público residencial. Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial. Sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler dentro de la franja permitida.
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