Mientras el tribunal lleva a cabo su evaluación, Amnistía Internacional aprovecha esta oportunidad para reiterar sus llamamientos a los Parlamentos de Bélgica y España para que reformen estas disposiciones y armonicen su legislación con las normas de derechos humanos. Amnistía Internacional considera que las leyes que penalizan las injurias a la Corona constituyen una restricción ilícita del derecho a la libertad de expresión.
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