El poder del Rey para elegir a un arzobispo (castrense), de tan difícil encaje en el sistema constitucional, deriva del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos, uno de los cuatro acuerdos que se firmaron el 3 de enero de 1979 para sustituir al Concordato franquista de 1953.
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