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El Gobierno no cumple con el plazo marcado por Europa para transponer la directiva que protege a los alertadores de corrupción

La directiva (conocida como directiva whistleblower) busca proteger a los alertadores, las personas que son conocedoras de delitos o irregularidades y lo denuncian, otorgándoles seguridad y garantías jurídicas. Esta nueva legislación europea, aprobada en diciembre de 2019, pretende proteger a los alertadores tanto de las administraciones públicas como del sector privado. Por ejemplo, si un empleado sabe que un directivo de la empresa está robando dinero y lo denuncia, esta nueva legislación busca impedir que se puedan tomar represalias contra é

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