En 2020 el Fiscal de NY, calificaba a Honduras como un “narcoestado” cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, era “parte fundamental” de la estructura criminal. Verbalizaba lo que la DEA ya sabía: Honduras, bajo los gobiernos del Partido Nacional había llevado a un grado nunca antes visto los siempre existentes vínculos entre política y narcotráfico. En una década, desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, el Estado se había deformado al compás del crimen organizado con una praxis autoritaria que desdibujó los límites institucionales.
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