La sentencia destaca que la determinación de la competencia objetiva del Supremo en relación con la demandante y el resto de personas acusadas “tiene una incuestionable base legal explícita” en las siguientes normas: a) art. 57.1 LOPJ b) art. 57.2 y 70.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña c) art. 17.1 y 2 Lecrim referido a los delitos conexos (...) y d) art. 272 de la Lecrim
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