Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.
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