La sentencia afirma que la acción, que tuvo lugar en abril de 2012, fue un acto de protesta que no puede castigarse como un delito de desórdenes públicos y señala que a algunos de los acusados ni siquiera se les ha reconocido como autores de los hechos. Durante el juicio, que se celebró el 5 de noviembre, Metro de Madrid bajó su petición de condena a doce meses de cárcel, después de que varios de los trabajadores de Metro que acudieron como testigos de la acusación señalaran que en ningún momento dieron ninguna importancia a la acción realizada
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