Las autoridades andorranas acusan a Vanessa Mendoza Cortés de difamar a las autoridades del país, donde el aborto es ilegal en cualquier supuesto y está castigado con penas de prisión. Amnistía Internacional, Women’s Link y el Centre for Reproductive Rights acudirán para vigilar que se cumplen las garantías en un proceso que consideran anómalo.
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