Las familias afectadas por la venta de viviendas del Ivima unos 3.000 pisos que el Gobierno de Ignacio González puso en 2013 en manos de un fondo buitre- han pasado de la indignación a acción y han convocado protestas en la calle para pedir que el juez no archive la causa penal como solicita la Fiscalía.
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